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Reparación de daños por incumplimiento de deberes matrimoniales

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Autor: Córdoba, Marcos M.
Publicado en: LA LEY 03/04/2017, 03/04/2017, 4 – LA LEY2017-B, 253 – DFyP 2017 (mayo), 10/05/2017, 48
Cita Online: AR/DOC/860/2017
Sumario: I. Síntesis del caso.— II. El derecho transitorio.— III. Resarcimiento de daños con causa en incumplimiento de deberes matrimoniales.— IV. Reparación.
I. Síntesis del caso
En vigencia del Código Civil, un cónyuge promovió juicio de divorcio vincular contra el otro, por la causal de injurias graves. En ello manifestó que su esposo la hizo blanco de todo tipo de calumnias e injurias, imputándole la calidad de infiel y haciendo comentarios agresivos tanto en público como ante el grupo familiar. En su presentación encuadró la conducta del demandado en lo previsto por el derogado art. 202 inc. 4 del Cód. Civil.
Su marido respondió la petición solicitando su rechazo y articulando reconvención, exponiendo que su esposa era infiel. Solicitó que se declare el divorcio por culpa de la actora por las causales de adulterio, tentativa contra su vida, injurias graves y abandono voluntario y malicioso de parte de su esposa, en los términos de los derogados arts. 214 inc. 1° y 202, incs. 1°, 2°, 4° y 5° del Código Civil, y reclamó la reparación del daño moral.
La actora solicitó se rechace de la reconvención y que se haga lugar a su demanda.
En su oportunidad procesal la sentencia de la primera instancia desconoció las causales de divorcio denunciadas en la demanda y la reconvención, decretó el divorcio vincular por la causal contemplada por el art. 214 inc. 2° del Código Civil sin culpa de las partes, decretando la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la fecha de notificación de la demanda y rechazando el reclamo por daño moral del reconviniente.
Apelaron el demandado reconviniente, quien sostuvo que la jueza falló extrapetita en tanto criticó el régimen del anterior Código Civil sin hacer mérito de los respectivos intentos de acreditar las causales de divorcio; valoró erróneamente la prueba respecto de la atribución de la culpabilidad y rechazó sin fundamentos el reclamo del daño moral.
De su lado la actora se agravió al decir que la juez no consideró acreditadas las injurias que atribuyó al demandado y se autolimitó amparándose en un criterio restrictivo para analizar la prueba de las causales y en la pronta derogación del sistema de culpas en ese entonces imperante.
Coincidieron ambas en sus quejas en cuanto la sentenciante aludió a las reformas legislativas que en ese momento aún no estaban vigentes.
El expediente ingresó a la alzada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación que derogó las causales objetivas y subjetivas del divorcio, aspecto que constituyó el contenido de la totalidad de los agravios de ambos apelantes.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Pico, provincia de La Pampa, integrada por los jueces Horacio A. Constantino, Rodolfo F. Rodríguez y Roberto M. Ibañez, resolvió decretar el divorcio en forma incausada en los términos del art. 437 del Código Civil y Comercial de la Nación y condenaron a la actora reconvenida al pago de un monto dinerario en concepto de daño moral.
II. El derecho transitorio
De los considerandos
Al exponer sus consideraciones el juez Horacio A. Costantino invocó a Moisset de Espanés, quien, en una antigua publicación, enseña que “dos son los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo. El primero, la casi absoluta irretroactividad de la ley, que sólo reconoce como excepciones aquellas hipótesis en que el legislador, de manera expresa, ha considerado necesario dar efecto retroactivo a la nueva norma. El segundo, la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación, a partir de su entrada en vigencia. Se sostiene que estos principios, rectamente entendidos, no se contradicen, sino que se complementan. La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos producidos (…). Las relaciones o situaciones ya agotadas son regidas por la ley que estaba vigente en aquella época. Los problemas se originan con respecto a situaciones pendientes al momento en que se produce el cambio de legislación” (1). El juez Rodolfo F. Rodríguez, sorteado para emitir el segundo voto, dijo, sobre esta cuestión, que coincidió con el voto anterior respecto de la aplicación temporal de la ley, es decir, del Código Civil y Comercial al presente caso. Agregó que la sentencia de divorcio tiene carácter constitutivo, ya que es en sí misma necesaria para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y por ello debe ser decretada aplicando la ley vigente al momento de su dictado.
Comentario
Es útil entonces indagar algo más del desarrollo que el jurista argentino nombrado dio a la cuestión de referencia. De eso resulta que Moisset de Espanés explica que “La relación procesal transforma sustancialmente la relación sustantiva inicial. Cuando se reclama ante los tribunales la aplicación de un derecho, se modifica la situación original y queda fijada una situación distinta, que debe ser juzgada de acuerdo a la ley vigente en el momento en que se trabó la relación procesal.(…) la modificación de la situación sustantiva originaria en situación procesal tiene importancia sustancial en el derecho de familia para el problema del divorcio, tema sobre el que se ha discutido mucho y que Roubier lo malentendió, porque con relación a una situación de divorcio dice: Como el divorcio se establece por una sentencia constitutiva, los elementos que cambian la situación jurídica recién se integran cuando el juez dicta la sentencia. (…) En realidad, el juez cuando dicta la sentencia, aunque esa sentencia tenga carácter constitutivo, debe hacerlo con efecto retroactivo al momento en que se modificó la situación jurídica familiar por el reclamo donde se dice: “Se ha quebrado y declárese el divorcio. (…) Es decir, la modificación de la situación tiene que ser juzgada por la ley vigente al momento en que se traba la litis y no al momento en que resuelve el juez. El juez en ese caso tiene que resolver sobre la situación jurídica modificada, no la situación de familia inicial, sino la situación de divorcio que se ha creado con la demanda.” (2)
No debe dejar de advertirse que diversa es la doctrina de la Corte Suprema a partir de la causa “D. l. P., V. G. y otro c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo”(3). En el caso se consideró que encontrándose la causa a estudio del tribunal, entró en vigencia el Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26.994. La mencionada circunstancia sobreviniente ha tornado carente de significación actual el debate suscitado en el caso por estar referido a la validez de un precepto que al momento no se encuentra vigente y cuyo contenido material ha sido redefinido —a partir de los nuevos paradigmas del derecho— por el novísimo Código Civil y Comercial. Por ello el Tribunal decidió que correspondía atender a las nuevas normas que sobre la materia objeto de la litis se dicten durante el juicio. Doctrina jurisprudencial coincidente con la del fallo en comentario.
De lo expuesto resulta la controversia entre el fruto del proceso intelectual de la doctrina más elevada y el pronunciamiento del tribunal de mayor jerarquía de nuestro país, lo que debe motivar la atención futura de aquellos a quienes les corresponde la función de informar al legislador con el propósito de alertar respecto de algunas cuestiones de derecho que deben ser corregidas, a efectos de la producción de un derecho que provea elementos de certeza en cuanto a las consecuencias de los actos que en la oportunidad se deciden.
III. Resarcimiento de daños con causa en incumplimiento de deberes matrimoniales
De los considerandos
El juez Horacio A. Constantino, autor del primer voto de la sentencia en comentario, expone que la doctrina discute si la transgresión del deber moral de fidelidad matrimonial permite que el cónyuge víctima de la infidelidad reclame al responsable el resarcimiento del daño moral. Ilustra informando que Benjamín Moisá se pronuncia a favor de la procedencia del resarcimiento del daño. Agrega que Zannoni ha afirmado que si el matrimonio se disuelve por causas realmente imputables a uno de los esposos, ‘no debe ser indiferente para el Derecho la situación gravosa que sufre quien no dio causa al conflicto, porque eso sería atentar contra un principio general del derecho, el naeminen laedere’, y complementa lo sostenido con el pensamiento de Osvaldo O. Alvarez quien afirma que la eliminación de las causales subjetivas del divorcio vincular no obsta a la reparación, en la medida en que se constituya una conducta antijurídica; de donde la misma posibilidad de lograr el resarcimiento del daño moral ocasionado por el adulterio es viable en el proyecto de reforma del Código Civil unificado. No se hablará, entonces, de causales subjetivas de divorcio sino de afrentas: “…la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”.
Así, al compartir estos argumentos y atendiendo a los principios generales de la responsabilidad civil, el juez entendió que el daño moral ocasionado por la conducta del cónyuge que no respeta los principios en los que se basa el matrimonio debe repararse.
La confección del segundo voto le correspondió al juez Rodolfo F. Rodríguez, quien advirtió que la doctrina se ha dividido en cuanto a la procedencia del daño moral en el divorcio, siendo el eje central de esa discusión la derogación del deber de fidelidad en el matrimonio, que la nueva normativa sólo lo ha legislado  como un deber moral. Agregó su postura al respecto que relaciona directamente en el análisis del daño moral a luz de todas las normas que impregnan la responsabilidad civil por daños en el nuevo ordenamiento en su conjunción con el plexo constitucional. Por ello es que puntualizó la discusión sobre el elemento “antijuridicidad”. Alerta el magistrado en cuanto a que el nuevo Código estipula que cualquier acción u omisión que genere un daño es antijurídica, salvo que esté justificada, por lo cual se protegen los intereses que sean dignos de tutela jurídica, aunque en algunos casos no tengan cabida en las normas expresas. Es claro que el propio art. 19 de la Constitución Nacional estipula que se puede actuar libremente en la medida que no se dañe a terceros (alterum non laedere). Aclara el juez Rodríguez en cuanto a que el comportamiento merecedor de sanción no está dado por el hecho del divorcio, sino por el obrar nocivo para el otro cónyuge, habiendo un factor subjetivo de responsabilidad.
Comentario: incumplimiento de los deberes conyugales y daño
Tiempo atrás sostuve que alguna doctrina ha expresado que reconoce el alto valor axiológico de los deberes conyugales, “pero al receptarse un régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no genera consecuencias jurídicas”. A efectos de controlar la razonabilidad de la doctrina expuesta recurrí en primer lugar a la ley, para evitar con ello conclusiones contra legem, advirtiendo que el Código Civil y Comercial ordena que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica, si no está justificada; y que la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado (arts. 1716 y 1717, CCyC). El mismo cuerpo normativo impone deberes a los cónyuges en su art. 431 al establecer, bajo la denominación de “asistencia”, que “Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua”. Revisando el conjunto normativo del derecho positivo a efectos de interpretar “las palabras de la ley”, armónicamente “conformando una norma con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente”, verificamos la existencia de regulaciones de cuya expresión resulta cuándo es que la ley  hace excepción, es decir cuándo la ley inhibe la aplicación de una norma. En este caso de aquellas que imponen el deber de no dañar y su consecuente reparación. Así es que, como ejemplo, el art. 401 del CCyC establece que no hay acción para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura de la promesa de matrimonio. Cláusula no prevista respecto del art. 431 del CCyC. Si la ley no crea excepción, habiendo podido hacerlo, no puede crearse por invocación interpretativa, pues interpretar no es hacer la norma, sino desentrañar su exacto significado aplicando las reglas que provee la ley misma.
Agregamos que el art. 1738 CCyC expone que la indemnización “Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.
De lo expuesto se concluye que el régimen de responsabilidad civil resulta de aplicación a las relaciones de familia en todo aquello que no encuentre limitación en norma expresa en contario. Ninguna duda cabe que al establecerse el divorcio incausado, los incumplimientos a deberes conyugales no inciden en ello pero no es extensivo a las consecuencias de la responsabilidad civil, salvo en los casos previstos en la ley. (4) Es de interés escuchar a Picasso en su afirmación “En la responsabilidad extracontractual, donde la antijuridicidad se configura por la violación del deber general de no dañar, el factor de atribución no depende de la extensión de lo debido…” (5) la doctrina judicial informa que “el daño consiste en la lesión a un interés simple, merecedor de tutela, que priva al sujeto de la facultad de su actuar lícito, es decir, no reprobado por el derecho”.(6) Enseña Galdós que “…no es exigible que el interés tenga categoría de derecho subjetivo ya que ´se protege al interés lícito, aunque no surja de norma legal o convencional, pero a condición de que sea un interés lícito, cierto y de magnitud o relevancia´ Se trata de los intereses “simples” (por no gozar de un reconocimiento legal específico) siempre y cuando no sean en sí ilegítimos, ´no estén repudiados por el derecho´(7). Siendo relevante lo que el mismo autor expone en relación a que “El denominado daño moral comprende todas las repercusiones no patrimoniales… los derechos personalismos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y la interferencia de su proyecto de vida o plan existencial vital de la persona. Se trata, en definitiva, de las amplias derivaciones de la lesión de los derechos personalísimos o de la personalidad cuando se afecta la plenitud de la vida, su dignidad (como lo prevén los arts. 51, 52 y concs.) o la vida privada (como dice el art. 1770), la integridad corporal o incolumnidad psicofísica, la intimidad, el honor, etcétera. La referencia del texto a las afecciones espirituales legítimas le confiere al daño moral un contenido amplio, abarcativo de todas las consecuencias no patrimoniales. En ese sentido ha descendido notoriamente el ´piso´ o ´umbral´ a partir del cual las angustias, molestias, inquietudes, zozobras, dolor, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana. Incluso el eje ha girado desde el inicial ´precio del dolor´ al actual ´precio del consuelo´ llegándose también a sostener la existencia de ´daños morales mínimos´ en base a la constitucionalización de la tutela de la persona humana. (8)
A efectos de comprender la motivación del legislador al imponer la antijuridicidad del daño, resulta útil recordar que el deber, considerado como género comprensivo de obligaciones, y por el contenido económico de estas últimas, consiste en un vínculo que sujeta a hacer o a abstenerse de hacer algo, previamente establecido por precepto de la ley o por acto voluntario. La obligación puede ubicarse dentro de la categoría de deberes jurídicos, conteniendo notas distintivas que la particularizan. El concepto jurídico de deber tiene categorías específicas que las distinguen entre sí. “El deber jurídico es un concepto genérico, que ha sido definido como la necesidad de ajustar una conducta a los mandatos contenidos en una norma jurídica” (9) Es característica distintiva de los deberes que no son obligaciones su amplio respeto a valores morales, sociales, y, en casos, religiosos. Cabe destacar que en la relación matrimonial, como especie del género que comprende a todas las de familia, es precisamente el contenido moral lo que tipifica las obligaciones y otros deberes que de ella resultan. Ello en virtud del comportamiento que la ley espera de los sujetos involucrados en esa relación. Lo dicho no excluye este ámbito respecto al deber de obrar probo; por el contrario, lo vigoriza. El vínculo familiar, ya sea matrimonial u otro, no constituye una vacuna contra la responsabilidad; por ello consideremos que cualquier acción u omisión que causa daño a otro es antijurídica, si no está justificada (art. 1717, CCyC), siendo causas de justificación las que excluyen la antijuridicidad, es decir, supuestos de excepción que permiten afectar intereses ajenos sin reproche legal, y en ello se enuncia a la legítima defensa y el estado de necesidad, siendo también invocada pero en otro ámbito jurídico la obediencia debida donde “el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil es la acción u obrar humano, conducta o comportamiento que, dados los restantes elementos, engendra la obligación de reparar. Acción para el derecho no es cualquier comportamiento humano, ‘sino sólo la conducta del hombre manifestada a través de un hecho exterior'”. El hecho simplemente psíquico o interior escapa al control del derecho. La acción puede asumir dos formas diversas: una positiva y una negativa; puede consistir en un hacer o en un no hacer (10). Explica Mosset Iturraspe que la acción, presupuesto de la responsabilidad, puede asumir una forma negativa: la omisión o abstención antijurídica (11) Díez Picazo define la “responsabilidad” como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. (12)
Producida la violación del deber de no dañar a otro, la ley habilita, mediante el art. 1716 del CCyC, la reparación del daño causado, organizando la función resarcitoria con atención a los factores de atribución de responsabilidad que son los que califica y clasifica como objetivos, aquellos en que la culpa o el dolo resulta irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y los subjetivos, resultantes de la “culpa” y del dolo. La ley determina que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, comprendiendo la imprudencia, la negligencia y la impericia. El dolo queda configurado por la producción de un daño causado intencionalmente o por indiferencia en intereses ajenos. Lo dicho debe complementarse con que la responsabilidad es objetiva cuando el sujeto debe obtener un resultado determinado.
Es responsable el sujeto sobre quien recae la obligación de prevenir o de resarcir esas secuelas, el cual debe suministrar alguna respuesta jurídica con motive del peligro o del daño para otros. (13)
IV. Reparación
La obligación de resarcimiento es el objeto de la responsabilidad civil. Las funciones de la responsabilidad civil tradicionalmente han sido cuatro: la afirmación de la potestad del Estado, la sanción, la prevención y el resarcimiento. La función que hoy prevalente es la resarcitoria, la tutela de la víctima. El sistema de la responsabilidad, civil se funda sobre una regla muy amplia, una cláusula general de responsabilidad que en el Derecho italiano está contenida en el art. 2043 de su Codice Civile, según el cual cualquier acto doloso o culposo que provoca a otro un daño injusto obliga a quien ha cometido el acto a resarcirlo. (14)
Sostiene Basset que según la doctrina se ha permitido que en los sistemas continentales se pase de una posición restrictiva sobre la admisibilidad de los daños y perjuicios en la familia a una posición amplia. Tal lo visto en las concepciones previas de la familia, como unión perdurable fundada en el matrimonio, no había teóricamente cabida posible para la exigencia de resarcir daños y perjuicios entre sus integrantes. (15)
Lucila Córdoba explica que este proceso tomó mayor vigor a partir de la vigencia de las normas del derecho matrimonial que causaron una menor estabilidad de tales vínculos. Ello como consecuencia de la facilidad en la disolución del vínculo que provoca, en casos, que si la víctima de un daño que le ha causado su cónyuge no es reparada y éste decide unilateralmente la disolución del matrimonio, luego de cumplida la prescripción liberatoria queda en su patrimonio aquello que por derecho resultante del daño le corresponde a la víctima y de lo que no va a poder valerse para que su daño se repare mediante los tratamientos necesarios, o para que su capacidad productiva sea sustituida por las indemnizaciones; o para que sus afecciones íntimas resulten menguadas. (16)
Importante doctrina sostiene que estas muchas teorías convergen en que las familias se han fragilizado, sus integrantes se han enajenado o distanciado jurídicamente hablando y, como tal, la emergencia del derecho de daños y perjuicios por los daños ocasionados en las relaciones familiares parece plausible. La falta de condena social llama a la Justicia para restablecer un orden moral perdido. (17)
Los presupuestos básicos de la responsabilidad civil están dados por la acción, la antijuridicidad, el daño, la relación causal y la presencia de un factor de atribución. (18)
Todo ello encuentra suficiente fundación en el derecho positivo tanto durante la vigencia del Código Civil, hoy derogado, como del Código Civil y Comercial vigente, ya que ambos contienen el principio que ordena no dañar, sin establecer excepción en la relación conyugal. La diferencia resulta de la mayor armonía existente en el diálogo de normas en el vigente respecto del derogado, ya que la modificación producida en el sistema de divorcio, tal la doctrina antes expuesta, causa mayor inestabilidad del vínculo matrimonial acrecentando la posibilidad de falta de reparación futura de daños. (19)
(1) MOISSET DE ESPANÉS, Luis, “Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3, Código Civil. Derecho Transitorio”, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Córdoba, 1976.
(2) MOISSET DE ESPANÉS, Luis, “Seminario Permanente de Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones”, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, Universidad de Buenos Aires, 25 de abril de 2016.
(3) CS, “D. l. P., V. G. y otro c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo”, del 06/08/15, LA LEY, 2015-E, 194.
(4) CÓRDOBA, Marcos M., “Daños y Familia”, LA LEY, 2016-A, 1159.
(5) PICASSO, Sebastián, “Comentario al art. 1716 en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., t. VIII, p. 354.
(6) SC Buenos Aires, “Pensa, Ana J. c. Tristan, Fernando J.”, del 19/02/02, Ac. 75.617, por mayoría, Abeledo-Perrot, Nº 14/79733.
(7) GALDÓS, Jorge M., “Comentario al art. 1737 en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”. LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., t. VIII, p. 476.
(8) GALDÓS, Jorge M., “Comentario al art. 1738 en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, cit., p. 485.
(9) CAZEAUX, Pedro N. – TRIGO REPRESAS, Félix A., “Compendio de Derecho de las Obligaciones”, Librería Editora Platense, La Plata, 1996, 2da. edición, p. 5.
(10) MOSSET ITURRASPE J., “Responsabilidad por daños”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1979, t. I, ps. 9-10.
(11) MOSSET ITURRASPE J., “Responsabilidad por  daños”, cit., p. 29.
(12) DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, “Sistema de derecho civil”, Tecnos, Madrid, España, 1989, vol. II, p. 591.
(13) ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, Alveroni, Córdoba, 2015, t. I, p. 16.
(14) ALPA, Guido, “Manuale di Diritto Privato”, Cedam, Padova, 2007, quinta edizione, p. 876.
(15) Ver BASSET, Úrsula C., “Responsabilidad endofamiliar; perspectivas y prospectivas”, Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones, 2013-I, ps. 9-23.
(16) CÓRDOBA, Lucila, su conferencia en “Aspectos del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de octubre de 2015.
(17) Ver BASSET, Úrsula C., “Responsabilidad endofamiliar: perspectivas y prospectivas”, cit.
(18) Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1989, 6ta. edición, p. 21; Bueres, Alberto, “Responsabilidad Civil de los Médicos”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 123. http://maestrosdelderecho.com.ar/jurisprudencia-ydoctrina- codigo-civil-y-comercial-divorcio-danos-y-perjuicios. CNCiv., sala H, “S., J. J. c. G., M. M. s/divorcio y daños y perjuicios”, del 21/04/16, DFyP, 2016 (octubre), 48; cita La Ley online: AR/JUR/21481/2016.
(19) CÓRDOBA, Marcos M., “Daños y deberes matrimoniales”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Derecho de Familia-II, Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 2016, ps. 355/376.

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