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“LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES-RECOMPENSAS”

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Estricta aplicación del derecho exigible.

 

 

Expte. Nº 30348-2013 – “J. F. J. c/ C. A. A. s/liquidación de sociedad conyugal” – JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 DE SAN ISIDRO (Buenos Aires) – 28/05/2018 (Sentencia no firme)

San Isidro, .28…. de mayo de 2018.-

AUTOS Y VISTOS: En la presente causa caratulada: “J. F. J. C/ C. A. A. S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL”, Expt. Nº SI-30348-2013, en trámite por ante el Juzgado de Familia nro. 1 de la Ciudad y Departamento Judicial de San Isidro, venidos a despacho, con el objeto de dictar sentencia, y de cuyas constancias,

RESULTA:

  1. A fs. 28/31 – con fecha 15 de julio de 2014 – se presenta el Sr. F. J. J., por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. G. M. G. P. C. y promueve demanda de liquidación de la sociedad conyugal -v. fs. 28-. Manifiesta que contrajo matrimonio con la Sra. A. A. C. el 13 de julio de 2007, que en el mes de febrero de 2013 se dictó sentencia de divorcio decretando disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo al 19 de abril de 2012. Expresa que fue imposible conciliar con la accionada las cuestiones atinentes a la liquidación de la sociedad conyugal. Explica que sin perjuicio de que se le hayan trabado distintas medidas cautelares, el único bien que constituye objeto de la liquidación de bienes es un rodado …, 1.8 T, dominio …. Dice que en marzo de 2009 vendió el rodado que tenía previo a su matrimonio -adquirido en septiembre de 1998, en la suma de $40.000 al Sr. J. G., que era un Chevrolet V. …2.2, dominio …y que el vehículo … fue pagado a fines de marzo de 2009 y entregado a principios de abril. Reitera que es el único bien a dividir, y del cual a la demandada sólo le corresponde un 25 % de su valor, pues el 50% tiene su origen en bien del suscripto anterior al matrimonio.

Ofrece prueba. –

  1. A fs. 32, y con fecha 17 de julio de 2014 se ordena correr traslado de la demanda en los términos del proceso sumario. A fs.40/45 se presenta A. A. C., por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. C. A. G. L., y contesta la demanda instaurada en su contra. Niega los hechos relatados por la actora. Expresa que si bien los cónyuges contrajeron matrimonio el 13 de julio de 2007 ya convivían de forma ininterrumpida desde el mes de diciembre de 2003. Agrega que habiéndose decretado el divorcio de las partes y en consecuencia la disolución de la sociedad conyugal a partir del 19 de abril de 2012 corresponde realizar la liquidación de los bienes gananciales, que según sus manifestaciones se encuentran íntegramente bajo la titularidad y administración del Sr. J.. Expresa que desde el comienzo de la sociedad conyugal la mayor parte de los ingresos y ahorros se registraron en las cuentas bancarias BBVB Banco Francés Caja de Ahorro en Pesos Nro. ….; caja de ahorro en dólares Nro. …., y cuenta corriente en pesos nro. …, cuya titularidad exclusiva expresa es del actor, como así también la totalidad de los gastos que se llevaban a cabo con tarjeta de débito y crédito, que refiere se abonaban con transferencias efectuadas desde la Caja de Ahorro en pesos nro. …
    Expone que también se abonó con dinero ganancial gastos propios del Sr. J., tales como la pensión alimentaria de sus hijos M. y C. J. f. de su anterior matrimonio, la que se debitaba mensualmente, además de los regalos y otros regalos que realizaba con dinero ganancial con el mismo destino, cuyo monto era variable. Agrega que los más notorios se efectuaron a principios de 2012, con motivo de viajes realizados a Miami, EEUU y México. Solicita le sean reintegrados.
    Refiere también que se efectuaron mejoras en la casa de Nordelta durante los meses de noviembre y diciembre de 2007, y noviembre y diciembre de 2009 que dieron mayor valor a dicho inmueble. Estima el valor de dichas mejoras en U$S60.000. Agrega también que se adquirieron e instalaron pararrayos, una caja italiana con tablero de electricidad, termo tanque y araña de comedor, mejoras cuyo valor estima en la suma de $30.000.
    Expresa que también se adquirieron con dinero ganancial muebles, artefactos y enceres domésticos que detalla en punto “9”.
    Manifiesta que durante la vigencia de la sociedad conyugal y hasta la separación personal se canalizaban los ahorros adquiriendo divisas tanto en casas de cambio como en el BBVA Banco Francés. Dice que dichas divisas se guardaban en un principio en el hogar conyugal y/o en la oficia del Sr. J., y otra parte en el citado banco, tanto en la caja de ahorro en dólares o constituyendo plazos fijos, como se acredita con el informe de fs. 171/487 obrante en la causa de medidas cautelares, y que partir de mayo de 2011, alquiló la caja de seguridad del BBVA Banco Francés en donde se guardaban todos los ahorros.
    Manifiesta que, producida la crisis matrimonial, con posterioridad a las vacaciones de enero de 2011, el Sr. J. dio de baja los plazos fijos en dólares, cobró su producido y el saldo existente en la Cuenta dólar, abrió la caja de seguridad nro. 6832/ en la sucursal 141 del Banco Francés y depositó en la misma la totalidad de los dólares ahorrados y los adquiridos con posterioridad, con la clara pretensión de excluirlos de la sociedad conyugal. Luego detalla las sumas de dinero habidas en las cuentas denunciadas y los movimientos efectuados. Detallas las sumas de dinero y dólares estadounidenses que habría retirado el Sr. J., como así también las que habrían quedado en las cuentas denunciadas y tienen carácter ganancial.
    Refiere también que el Sr. J. tiene una tarjeta de débito otorgada por el Banco BBVA Francés, Visa Electrón cuenta … con las cuales ha efectuado gastos propios y retiros en efectivo desde la fecha de la separación personal.
    Agrega también que son gananciales las sumas devengadas en concepto de haberes y/o SAC que la empleadora del sr. J. depositó en la caja de ahorro del Banco Francés desde la fecha de separación personal. Denuncia también que el Sr. J. cuenta con dos cajas de seguridad abierta en el Banco BBVA Banco Francés nro. 6832/1 sucursal 141 de Microcentro con alta 23/5/2011 de la que su hermana es cotitular, así como otra existente en el Banco de Galicia N° 5175-6-1, conjuntamente con 3 cotitulares más con alta en el año 2004. Expresa presumir que el Sr. J. adquirió acciones de la firma “S. M. S.A. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, acciones que serían de carácter ganancial al igual que la distribución de utilidades que se hubieran efectuado en el mismo período a los accionistas, por lo que se reserva el reclamo de dicha acreencia.
    Expresa que no existiendo divergencia entre las partes en relación a la liquidación de la sociedad conyugal, que ha sido disuelta con fecha 19 de abril de 2011, y el derecho que detentan las mismas al 50% de los bienes gananciales existentes, solicita se determine los mismos, así como su valuación, y la imposición de costas al Sr. J. atento el ofrecimiento vil e inaceptable en relación al real patrimonio existente, que su parte denuncia. Ofrece prueba. Funda su derecho.
    3. A fs. 51 y toda vez que la contestación de demanda amplía el alcance del patrimonio conyugal brindado por el peticionante en la demanda, se hace lugar a la reconvención deducida y documental anejada, otorgando el traslado a la contraria por el término de 10 días. A fs. 5/59 el Sr. F. J. contesta la reconvención deducida, pide su rechazo con costas. Efectúa la negativa genérica y en particular de los hechos descriptos por la actora. Manifiesta la improcedencia que se desprende del relato de la demandada reconviniente. Expresa que la construcción de la pileta en la propiedad la realizó el actor conforme surge de la documentación del año 2006 que aneja. Dice que no hubo ningún ingreso en el patrimonio de las partes fuera de lo que eran los ingresos comunes. Dice que contrajo matrimonio con la demandada reconviniente en el mes de Julio de 2007, y que los trabajos de la pileta se realizaron en el mes de Noviembre/diciembre de 2007, cuestión que brinda mayor certeza a que fueron realizados con dinero propio del accionante. Expresa la falacia de las afirmaciones en relación a las mejoras, gastos de reparación y conservación del interior y exterior del inmueble que fuera sede del hogar conyugal. Expresa que el termo tanque fue adquirido en reemplazo de uno anterior que dejó de funcionar. Que la araña del comedor, resulta ser un aplique cromado que no supera el valor de $ 100, y que pone a disposición de la contraria, si así lo desea. En relación a los muebles refiere que fueron adquiridos antes de conocer a la demandada reconviniente, aclarando que muchos muebles y enceres fueron retirados por la accionada.
    En relación a la afirmación efectuada por la demandada por cuanto con dinero ganancial se abonaban gastos propios del Sr. J., tales como la pensión alimentaria de los hijos de la unión previa del suscripto, además de los regalos y gastos con igual destino y de monto variable, expresa su sorpresa y dolor ante el desmedido interés económico de la demandada, dando cuenta que ésta erró en los números a la hora de evaluar su patrimonio, por cuanto la lleva a reclamar dinero ganancial vinculado a bienes de su administración reservada durante la vigencia del régimen. Por cuanto cada cónyuge administra y dispone libremente de los gananciales adquiridos con su trabajo personal, y en tal tesitura fue que afrontó los gastos alimentarios para sus hijos, y así fueron consentidos por la demandada. Por lo que su pretensión, refiere encuentra una valla legal, máxime cuando los alimentos de los hijos menores son una carga de la sociedad que no da lugar a recompensa alguna.
    Esgrime que ninguno tiene derecho de participación en los gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del otro. Ello en referencia a que la demandada sostiene que se canalizaban los ahorros adquiriendo divisas – especialmente dólares estadounidenses- tanto en casas de cambio como en el BBVA Banco Francés. Que, si bien es cierto que han adquirido dólares en algunas oportunidades, los mismos luego eran vendidos o utilizados, siempre adquiridos en el BBVA Francés, negando haberlo hecho en casas de cambio. Agrega que, resultando todos sus ingresos bancarizados, no había razón para hacer extracciones en pesos para ir a adquirir dólares a Casas de Cambio, ello cuando la compra de dólares no tenía restricción alguna. Expresa que el total de dólares acumulados a fines del año 2011 ascendía a U$S 38.403. Por lo que en cuanto a los ahorros en dólares estadounidenses adquiridos en el Banco Francés que señala que sumados a lo anterior ascendería a U$S 91.072,65 de carácter ganancial es otra falacia. Al igual que el total de U$S 31.000 que presume fueron comprados en casa de cambio con pesos extraídos del Banco Francés.
    En relación a los obsequios de casamiento, dice que éstos no se encuentran en su poder. Más el reclamo de $ 200.000 que efectúa no se condice con la propia prueba aportada por la reclamante. Da cuenta de la improcedencia de los reintegros de lo consumido en las tarjetas de crédito, débito y haberes percibidos desde la separación personal hasta la disolución de la sociedad conyugal. Ofrece prueba. Funda su derecho.
    4. a fs. 66/67 la demandada contesta y pide la apertura a prueba de las actuaciones.
    5. A fs. 66 se fija audiencia conforme lo normado por el art. 842 del CPCCBA. A fs. 69 obra acta de audiencia preliminar de fecha 12 de marzo de 2015, y a fs. 70 se provee la prueba ofrecida por las partes. A fs. 425 se fija audiencia de vista de causa (Art. 849 CPCCBA).
    6. A fs. 430 obra acta de audiencia de Vista de Causa, en la que las partes manifestaron no haber arribado a acuerdo conciliatorio. Por Secretaría se dio lectura a las pruebas producidas e incorporadas al expediente y la constancia de la valuación fiscal del vehículo dominio ….. Las partes proceden a desistir del resto de la prueba pendiente de producción y piden el pase a sentencia de las actuaciones. A fs.432 se suspende el llamamiento de autos atento la licencia compensatoria por feria de la que se encontraba haciendo uso la suscripta.
    7. A fs. 433 vta., se notifica el Sr. Agente Fiscal, y recibida la causa con fecha 16 de mayo de 2018, a fs. 437 se provee anejar las actuaciones conexas ofrecidas por las partes y pasar los autos a despacho a fin de proceder al dictado de la sentencia.
    Y CONSIDERANDO:
    Primero) Con anterioridad a que los presentes obrados se encontrasen en condiciones de resolver comenzó a regir el nuevo ordenamiento de fondo (Conf. leyes 26.994 y 27.077). Así, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1-8-2015) forjó la necesidad de establecer cuál es el derecho ajustable al caso, atento que en el actual ordenamiento se encuentran entramadas normas de derecho de fondo con otras puramente procesales.
    “La necesidad de incluir estas normas para asegurar la eficaz aplicación de las disposiciones sustanciales, deriva del carácter esencialmente instrumental del proceso respecto del derecho sustancial, y el Congreso Nacional cuenta con facultades para dictar normas procesales cuando sea pertinente asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo y evitar el riesgo de desnaturalizar instituciones propias del derecho material” (De los Santos, Mabel A., “Cuestiones procesales a la luz del Código Procesal Modelo de Familia (que responde al nuevo Código Civil y Comercial)”, Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación. Familia 2014 (diciembre), 04/12/2014, 125, La Ley Online: AR/DOC/4394/2014).
    A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, según lo dispuesto en su propio art. 7, las nuevas normas procesales resultan ya operativas respecto a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, esto es, a aquellos juicios iniciados y no concluidos, o pendientes, en lo que fuera pertinente y considerando la preclusión de actos o etapas realizadas (CSJN, Fallos: 211:589; 220:30; 306:2101; 241:123; 307:1018; 317:499; 323:1285; 324:1411; 326:2095, entre otros y cfme. Arg. Expte. 54.963/13 – “D., A. C/D C., F. N. s/Aumento de cuota alimentaria” – CNCIV – SALA J – 22/09/2015 publicado elDial.com – AA929B Publicado el 03/11/2015).
    En reciente pronunciamiento se ha dicho que “las recompensas deben evaluarse conforme a las pautas fijadas por los arts. 488 a 495 del CCC aun cuando la sentencia de divorcio se dictó antes de la entrada en vigencia del nuevo código. Ello así porque se trata de consecuencias de la disolución de la sociedad conyugal producida por el divorcio, que se encuentran alcanzadas por la nueva normativa. En efecto, los problemas de derecho transitorio se plantean cuando se trata de situaciones o relaciones ‘in fieri’ o cuando su realización o ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, como sucede en autos. Se trata de consecuencias aún no producidas que caen bajo la nueva ley por aplicación inmediata, sin que ello implique retroactividad…” (CNCiv., sala M, 23/02/2016, “L., E. M. c/ M., H. A. s/ liquidación de sociedad conyugal”, con disidencia en éste punto de la magistrada Benavente citada por la Jueza Subrogante Dra. Victoria Fama a cargo del Juz. Nac. Civil N° 92 el 16/04/2018 (Sentencia no firme), Expte. Nº 38470-2011 – “J. M. c/ S. H. S. s/simulación o fraude” pub. Citar: elDial.com – AAA87D Publicado el 17/05/2018).
    En tal lineamiento el principio que prevé el art. 7° es el de la aplicación de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. Las consecuencias son todos los efectos -de hecho, o de derecho- que reconocen como causa a una situación o relación jurídica existente. Es por ello que el Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a las consecuencias producidas después de su entrada en vigencia (1º de agosto de 2015). Por lo tanto, si en medio de un proceso judicial no se ha dictado sentencia o la misma no ha adquirido firmeza, debe ser resuelto a la luz de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, y la disolución de la comunidad de bienes que se examina constituye un ejemplo de ello.
    Segundo) Con carácter introductorio, estimo necesario para fundamentar la cuestión sometida a estudio aludir a conceptos y principios jurídicos vigentes, definir y ordenarlos en función de la unidad del sistema jurídico. El derecho se da en la experiencia con los ingredientes de la realidad social que a la sociedad le importa sean normados, ya que es un medio para fines humanos al servicio de las necesidades sociales, pero soberanamente para una aplicación justa a fin de lograr la solución del conflicto concreto que cada caso plantea.
    El régimen patrimonial del matrimonio ha sido definido como el conjunto de relaciones jurídicas de orden – o de interés – patrimonial que el matrimonio establece entre los cónyuges, y entre éstos y terceros. Lo distintivo de éste régimen respecto de cualquier otro es que tiene su causa en el vínculo matrimonial. Asunto que debe tenerse presente porque el matrimonio es el punto de partida de la existencia de este sistema (Conf. arg. Kemelmajer de Carlucci- Herrera – Lloveras en Tratado de Derrecho de Familia, Tomo I Edit. Rubinzal-Culzoni, 1° Edic. 2014 pag. 528 vta.).
    Las reglas trazadas en el Código Civil y Comercial y que rigen la materia, acoge la solicitud de la doctrina y jurisprudencia e incorpora la posibilidad de que los cónyuges opten por uno de los regímenes económicos ahora autorizados (comunidad de ganancias o separación de bienes). Así, el derecho argentino deja atrás el sistema legal, único y forzoso de “sociedad conyugal” que gobernó las relaciones económicas conyugales desde la época de Vélez Sarsfield hasta prácticamente entrado el siglo XXI, dando cabida al reconocimiento de la autonomía personal de la pareja conyugal como un bastión indiscutible.
    Estructuralmente el Código Civil y Comercial de la Nación incluye en el Libro de las relaciones familiares, Titulo II el estatuto de los efectos patrimoniales del matrimonio. El Capítulo I se ocupa de las disposiciones generales (convenciones matrimoniales, donaciones por razón de matrimonio, disposiciones comunes a todos los regímenes). El Capítulo II contiene la regulación completa y sistemática del régimen de comunidad, reformula sus normas, terminología y recoge las soluciones mayoritarias, tomando posición en algunas cuestiones discutidas, e incorpora el régimen expreso de la indivisión pos comunitaria, la liquidación y la partición. Por último, el Capítulo III formula los aspectos centrales del régimen de separación de bienes.
    Tal diseño reclamó un examen cuidadoso del andamiaje normativo del régimen patrimonial matrimonial argentino. Análisis que se realizó teniendo como norte los principios vectores que emanan del gobierno actual de los derechos humanos en función de las nociones esenciales: igualdad, libertad y solidaridad. De allí que se modeló las relaciones familiares sobre la base de tres instauraciones constitucionales: la autonomía de la voluntad (como enunciado de la libertad), la igualdad (enunciado del trato no discriminatorio, en el art. 402 del CCy C) y la responsabilidad (como límite de la libertad, en función de la solidaridad familiar, plasmada en el denominado “régimen primario” aplicable cualesquiera fuere el régimen económico por el que los cónyuges optaren para regular sus relaciones económicas, previsto en los arts. 454 al 462 del C. Cy C.
    La jurista Dra. Graciela Medina expresa que las normas dispuestas entre los ar¬tícu¬los 454 y 462 constituyen un estatuto inderogable para el matrimonio, con independencia del régimen patrimonial aplicable (cfr. art. 454CCyCN). Por cuanto está destinado a la protección de los intereses familiares comprometidos en tanto son normas demostrativas de la solidaridad familiar (Conf. Medina, Graciela, “Las grandes reformas al derecho de familia en el proyecto de Código Civil y Comercial 2012”, en AA.VV., Comentarios al proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, Buenos Aires, 2012, p. 303, 14.b., citada por Sambrizzi, E. A., “Disposiciones comunes a ambos regímenes patrimoniales del matrimonio en el proyecto de reformas”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, t. 2014-D, p. 688).
    “De la mano de la igualdad, aparece la solidaridad familiar, que impide que esa igualdad rompa o traspase límites que conciernen a derechos fundamentales de las personas: la protección al más débil será una herramienta de solución de conflictos en el derecho reglamentario patrimonial matrimonial” (Lloveras, Nora “La extinción de la comunidad de ganancias y el cese de la separación de bienes, El régimen proyectado en el Código Civil y Comercial de la Nación” en http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina502.pdf).
    Por eso el contrapunto del sistema axiológico está dado por la solidaridad que exige que el despliegue de esa libertad no socave la dignidad de la persona ni los fundamentos esenciales de la vida matrimonial, solidaridad que desde el paradigma de los derechos fundamentales se redefine como “responsabilidad familiar” (Conf. arg. Kemelmajer de Carlucci- Herrera – Lloveras en Tratado de Derrecho de Familia, en obra antes cit. Pag. 555).
    Tercero) Estimo necesario recordar que “la comunidad patrimonial del matrimonio se extingue por: a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges; b) la anulación del matrimonio putativo; c) el divorcio; d) la separación judicial de bienes; e) la modificación del régimen según la disposición general contenida en el art. 475 del C.C y C.
    Desde la celebración del matrimonio, los cónyuges quedan necesariamente sujetos a una normativa de orden patrimonial imperativa, cualquiera fuese el régimen o su naturaleza. En primer término, la extinción del régimen de comunidad cesa la causa o germen de la ganancialidad. Por lo que las adquisiciones posteriores, resultan personales y exclusivas de cada cónyuge, salvo aquellas excepciones previstas respecto de determinados bienes (v. g. art. 465 inc f), j) y k) del C.C y C.). En segundo lugar, nace el estado de indivisión pos comunitaria que caracteriza el trayecto que corre entre la causa de la disolución y el efecto final de la misma, que es la culminación del proceso liquidatario coronado por la partición, estadio durante el cual se producen importantes y variadas situaciones que es necesario contemplar. Así, el C. C y CN en su art. 481 clausura el debate doctrinario que existió durante la vigencia del Código de Vélez, al regular la indivisión pos comunitaria que rigen para los supuestos de extinción de la comunidad en vida de ambos cónyuges, con naturaleza y normas propios.
    La extinción de la comunidad no solo suprime, para el futuro, las condiciones de ganancialidad, sino que también produce la formación de una masa indivisa constituida por los bienes gananciales, a los fines de su liquidación (art. 488 y ccs. del C.C y C) y posterior partición (arts. 496 y ccs. del C.C y C).
    En cuanto al momento de la extinción de la comunidad en principio opera con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o bien a la de la petición conjunta de ambos esposos, según sea el procedimiento por el que optaren los desavenidos. Más se establece como excepción los casos en los que la separación de hecho hubiera precedido al divorcio o a la nulidad del matrimonio, en cuyo caso la extinción de la comunidad tendrá efectos retroactivos al día de verificado el cese de la cohabitación (conf. arg. Art. 480 C.C y C). “La ultra retroactividad de los efectos de la sentencia extintiva de la comunidad está prevista por la norma como una “facultad” del juez, de modo que podrán las partes así requerirlo (conf. arg. Herrera, Marisa- Caramelo, Gustavo- Picasso, Sebastián – en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II, Libro 2, Arts. 401/723 1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015, pág. 147 vta.).

Durante el matrimonio existen dos masas de bienes administradas por cada uno de los esposos, compuestas cada una de ellas por los bienes propios y por gananciales que cada cónyuge. Mientras se encuentre vigente la comunidad, ambos tienen un derecho eventual sujeto su disolución sobre el cincuenta por ciento de total de los bienes gananciales. Luego de disolverse la comunidad, se entra en la etapa de la indivisión pos comunitaria, durante la cual debe procederse a la liquidación, habiendo afirmado el jurista Dr. Jorge A Mazzinghi que la liquidación es el proceso mediante el cual cada uno de los cónyuges o sus herederos, traduce la suma de los valores correspondientes a sus derechos indivisos sobre los bienes comunes, en el dominio de la propiedad plena y exclusiva sobre bienes determinados que equivalgan a esos valores (Conf. Sambrizzi E. A., “Revista Código Civil y Comercial Actual” La Ley, Diciembre de 2015 y Mazzinghi Jorge A., Tratado de Derecho de Familia, T II, Ed. Buenos Aires, 2008).

Cuarto) Ha de dejarse en claro que el fin de esta clase de procesos es únicamente establecer la masa partible de la comunidad conyugal (cfr. Cam. Nac. Civil Sala H, 13/05/2014, “G., R. G. c/A., Celia L. s/Liquidación de la sociedad conyugal”, Expte. N° 47.807/2009 Citar: elDial.com – AA9ECA Publicado el 12/05/2017). En efecto, el objeto del proceso de liquidación de la comunidad conyugal consiste en determinar el carácter propio o ganancial de los bienes existentes al momento de la disolución, reconocer o no las recompensas o compensaciones que pudieron alegar las partes y, en definitiva, establecer los saldos líquidos gananciales que hayan de partirse, conforme su situación al momento de producirse la disolución de la comunidad.

Más específicamente, corresponde determinar los bienes que integraban la sociedad hasta que se dispuso su disolución y los créditos que, eventualmente, correspondan a los cónyuges hasta ese momento. Dispuesta su disolución, habrá de considerarse de manera unitaria el conjunto de bienes que la integraron, a los efectos de a) determinar los bienes existentes en el patrimonio de cada cónyuge, b) señalar el carácter de esos bienes, vale decir, cuáles son gananciales y cuáles propios de cada cónyuge, c) procurar los pagos y el reintegro de los bienes de cada uno de los cónyuges, d) establecer, si procede, un adecuado régimen de compensaciones o recompensas y, finalmente, e) procurar la división de los gananciales –deducido el pasivo definitivo o las deudas de la comunidad– (cfr. CNCiv., Sala M, 04/08/2014, “N., R. J. vs. P., N. L. s. Liquidación de sociedad conyugal”, Expte. 76.387/2010, Rubinzal Online: RC J 7259/14).

Quinto) Es dable puntualizar que son bienes propios de los cónyuges aquellos que aporta cada uno al matrimonio, los recibidos posteriormente por herencia, donación o legado y los adquiridos con el producto de aquellos (Cfrm. BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Familia, 6ª ed. Act. Perrot, Buenos Aires, t. I, Nº 302, p. 251) y son gananciales todos los adquiridos indistintamente por cualquiera de los mismos desde la celebración del matrimonio y hasta su disolución. La calificación de un bien puede presentarse durante la vigencia del matrimonio e incluso posteriormente a su extinción, en estos momentos será importante tener certeza de la calidad del bien en cuestión para poder, luego, de ser necesario, enajenarlo ya sea para cumplir con el requisito del asentimiento del cónyuge no titular o para repeler a un acreedor que acciona contra él. Hay una presunción que infiere, salvo prueba en contrario, que todo bien que no pueda calificarse como propio pertenece a la comunidad.

Del Art. 466 del Código Civil y Comercial surge claramente que quien alega el carácter propio de un bien, tiene la carga de la prueba de demostrarlo. Dejando así, este artículo, por sentado el carácter iuris tantum de la presunción de ganancialidad y de interpretación restrictiva la decisión de sustraer un bien de la masa ganancial. Tal conjetura legal comprende la totalidad de los bienes, admitiendo todo tipo de prueba para desvirtuar dicha presunción, incluidos los indicios y presunciones en la medida que sean idóneos, si bien difiere su alcance en tanto se ventile entre esposos o involucre a terceros. Por lo que entre cónyuges la carga de la prueba pesará respecto de quien pretenda excluir la ganancialidad demandado la propiedad exclusiva del bien. Asimismo, hay que puntualizar que la prueba del derecho a recompensa le incumbe a quien invoca, es decir al cónyuge acreedor, rigiendo una amplia libertad probatoria.

“…El derecho no se presenta ante los ojos sino cuando lo vemos actuar en el proceso… En el proceso, el derecho actúa vestido con la prueba, y así, la forma de su valer acaba por parecer la sustancia de su ser. Éste es lo irresistible, porque las condiciones de la actividad procesal del derecho tienden a confundirse con las condiciones de su existencia material” (Carnelutti, Francesco, “La prueba civil”, 1982, Ed. Depalma, XXIII). Así, el denominado sistema de las “cargas probatorias dinámicas”, en cuya virtud cabe, apartarse de los parámetros corrientes en materia de distribución de la carga probatoria para hacerla recaer sobre la parte que se encuentra en mejores condiciones para producir la prueba correspondiente. Por lo que la rigidez de los preceptos en este sistema es reemplazada por la búsqueda de la solución más justa según las circunstancias del caso concreto. Así, “cualquiera que alega en juicio un hecho o un acto capaz de producir consecuencias jurídicas contrarias al estado normal de las cosas, o a una situación de hecho o de derecho ya adquirida, debe suministrar la prueba de ese hecho o de ese acto (ver, entre otros, CCiv. Sala 1 Cap., Jur. Arg., t. 27, pág. 225; CNCiv., sala E, La Ley, t. 101, pág. 1007; CNCom., sala A, Jur. Arg., 1954-III, pág. 19; y entre los numerosos aportes doctrinarios: Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O., “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”, en ED 107-1005; Peyrano, Jorge W., “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, en “Procedimiento civil y comercial”, t. 1, 1991, Ed. Juris, p. 75, y “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas puesta a prueba”, íd., t. 3, 1994, p. 118; Peyrano, Jorge W., “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia jurídica”, en Revista de Derecho Procesal, n. 3, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 395; De los Santos, Mabel, “Algo más acerca de la teoría de las cargas probatorias dinámicas”, en JA 1993-IV-866; Morello, Augusto M., “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”, en ED 132-953; Eisner, Isidoro, “Desplazamiento de la carga probatoria”, en LL 1994-C-846; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La responsabilidad civil en los albores del siglo XXI”, en JA 1993-II-817 entre otros). Afirmaba que: “No se trata de fijar quién debe traer la prueba, sino quién asume el riesgo de que falte” (Devis Echandía, Hernando “Compendio de la prueba judicial”, t. 1, 2000, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 211).

El Art. 491 del CCyCN se aboca a detallar dos supuestos típicos de recompensas, prescribiendo, en el primero de ellos, que ante la venta de un bien propio sin reinversión del precio se presumirá que la suma recibida ha sido gastada en beneficio de la comunidad, salvo prueba en contrario. Agregamos a esto que también pudo ser reinvertida en mejoras a algún bien propio del otro cónyuge y en ese caso también se deberán recompensas. Por lo que claramente, el art. 492 de este nuevo C.C.C y N determina sobre quién debe pesar la carga de la prueba cuando afirma que aquel que la invoca tiene sobre si el peso de la prueba, la que puede ser efectuada por cualquier medio probatorio.

Lo cierto es que ya la teoría procesalista de las cargas dinámicas de la prueba, la que se acentúan cuando de lo que se trata es de cuestiones de familia, a pesar de que las presentes son de índole económico, hacen hincapié en la colaboración entre las partes, siendo la carga de la prueba un principio trabajado desde la solidaridad entre ellas. Tema este corroborado por el art. 710 del Código que establece que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. Por lo que cabe concluir que no se valorará tanto quien haya aportado la prueba como que la misma exista y sea contundente.

Sexto) Ante mi vista tengo en original las siguientes causas: “J. F. J. c/ C. A. A. s/ Divorcio”, Expte N° SI-36593-2011 y “C. A. A. c/ J. F. J. s/ Medidas Precautorias Expte.N° SI-21373-2012, y que tramitaron por ante el otrora Tribual del Fuero Único de Familia N° 1 Departamental, para una vez disuelto éste pasar a tramitar por ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 1 de esta ciudad de San Isidro.

De los autos sobre divorcio (SI-36593-011) se desprende que fueron iniciadas por el actor en el mes de octubre de 2011. Conforme acta labrada a fs. 11 las partes acordaron solicitar su divorcio en los términos del art. 215/236 del C. Civil, haciendo mención a que someterían la división de la comunidad conyugal por acuerdo privado o por la vía incidental en su caso, con costas por su orden. Con fecha 21 de febrero de 2013 lucen convenios entre las partes tanto en las actuaciones sobre divorcio – fs. 40 – en relación al compromiso del Sr. J. a abonar a la Sra. C. el Plan OSDE 310 como a fs. 540 de los autos sobre medidas precautorias respecto de la entrega a la demandada de la totalidad de los enseres personales contra inventario. Sin perjuicio de no haber resultado fructíferas las tratativas de lograr acuerdos en relación a los bienes, no hay controversia en que las partes dejaron de convivir el 15 de marzo de 2011 y que con fecha 21 de febrero de 2013 se dictó sentencia de divorcio acogiendo la acción planteada y determinando la disolución de sociedad conyugal con efecto retroactivo al 19 de abril de 2012 (v. fs. 41/46 Expte. Si-6593-2011).

Expuesto ello, corresponde pasar al análisis de cada una de las pretensiones que las partes ponen de manifiesto, su proyección sobre las circunstancias que en el caso concurren, y lo que resulta de la prueba útil incorporada en autos.

  1. Cabe señalar que no existe controversia entre las partes en calificar a la sede del hogar conyugal ubicado en el Barrio Las Glorietas de Nordelta, Lote…, del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires como un bien propio del actor.
  2. En cuanto el vehículo automotor VW B. 1.8 dominio …. modelo 2009 radicado en el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal es un bien ganancial en tanto adquirido durante la vigencia del matrimonio. En la especie el actor no adjuntó medio probatorio alguno que acredite la subrogación real que pretende respecto del 50% del valor de dicho vehículo. Ante este extremo corresponde resolver la controversia en virtud del principio general establecido en el artículo 465 del CCyC, es decir que el 100% del vehículo – bien registrable citado – debe ser calificado como bien ganancial integrante de la comunidad de bienes que resultara del matrimonio habido entre las partes. A fs. 417 luce una tasación presentada por la perita Martillera G. E. S. quien luego de inspeccionar el vehículo al mes de septiembre de 2016 le adjudica un valor de $ 155.000, agregando a fs. 424 una tasación complementaria en la que la perito se manifiesta en relación al valor de venta del rodado a la fecha de adquisición – marzo de 2009 –, el que expresa es de $ 49.480.
  3. Existe discrepancia en torno al monto del crédito que la demandada reconviniente reclama en relación a aquellos ahorros efectuados durante la vigencia de la comunidad conyugal y que fueran retirados por el Sr. J., los que discrimina y detalla: i) ahorros en dólares estadounidenses depositados a plazo fijo (ii) así como a los ahorros en dólares estadounidenses adquiridos en el Banco Francés, iii) los ahorros en dólares estadounidenses adquiridos en Casas de Cambio.

Ahora bien, el dinero proveniente de los plazos fijos constituidos sobre una suma de dólares resulta ganancial en idéntica proporción siendo sus titulares las partes de este juicio (conf. art. 465 CCyCN v. fs. 171/174). El accionante reconoció que el total de dichos ahorros en dólares estadounidenses depositados a plazo fijo acumulados al año 2011 ascendía a U$S 38.403, suma que no se condice con la que la Sra. C. alega: U$S 62.009.

El Sr. J. dio cuenta que en relación a los ítems ii) y iii) los movimientos de dólares constituían maneras de preservar sus ingresos, clarando las deducciones de la Contadora S. en su experticia. La adquisición, utilización y venta para consumo de los ingresos preservados, las colocaciones bancarias en plazos fijos, bien pudieron hacerse – como dice el actor – para gozar de una exención impositiva, en tanto atesorar dichos bienes fuera del sistema, deberían estar gravados con el impuesto sobre los bienes personales, más no obra en autos constancias por los períodos indicados que respalde la pretensión del crédito que la demandada reconviniente sobre dichos ítems.

Es por ello que del análisis de las constancias efectivamente reunidas en los autos sobre medidas precautorias (v. fs. 171/487), elementos útiles de la prueba pericial contable y contestación a las impugnaciones hechas por el actor – efectuada por la Contadora S. – (v. fs. 320/324 vta., fs. 328 y fs. 337), considerando la postura asumida por las partes, y que brindan luz a la contienda de éste apéndice, es que estimo prudente determinar la cantidad de moneda extranjera a la que ascendían los ahorros de las partes en oportunidad producirse la separación, en la cantidad de U$S 62.814. Atento la calificación de ganancialidad, cabe reconocer el derecho a un crédito a favor de la Sra. C. sobre el 50% de la cantidad indicada.

  1. En cuanto al crédito que reclama la demandada reconviniente en relación a las acciones de la firma S. M. A. SA., y distribución de utilidades vigente la comunidad conyugal, de posible titularidad del Sr. J.. Cabe estar a la prueba informativa obrante a fs. 276 que proporciona el apoderado de la empresa S. M. A. SA. En tanto comunica que el Sr. F. J. J. se desempeñaba bajo relación de dependencia desde el 1 de septiembre de 2006 y hasta la fecha de dicha presentación (mayo 2015), desempeñando el cargo de director empleado en el área de administración y finanzas, de la firma. Expresa que no le ha correspondido a actor reconvenido pago alguno en concepto de distribución de utilidades atento no revestir la calidad de accionista en el período comprendido del 01/01/2007 al 31/12/2012 de la firma que representa (v. fs. 246 y anexos fs. 274/5). Informe que reitera la Contadora S. en su pericia de fs. 320/324. En aplicación de lo dicho, no existe derecho o crédito alguno por los conceptos que pretende la demandada reconviniente, por improcedente se desestima su pedido.
  2. Tocante al reclamo que efectúa la Sra. C. del crédito sobre la parte proporcional que dice le corresponde en concepto de haberes y/o SAC depositados por la empleadora desde la separación personal -13 de marzo de 2011 – hasta la fecha que se decretó la disolución -19 de abril de 2012 (v. fs. 42/43 punto 15), en consonancia con la normativa que imparte el art. 480 del CCy CN, lo puntualizado en el considerando tercero de éste decisorio, en aditamento repaso que la normativa tiene su razón de ser atento a que la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges de modo que, si la convivencia y la colaboración se interrumpen, no se justifica atribuir el carácter de bienes gananciales a los adquiridos con posterioridad al cese de la cohabitación, y ello con relación a ambos esposos, prescindiendo de su inocencia o culpabilidad que en su oportunidad alegaran en torno al conflicto matrimonial (cfr. Arg. Méndez Costa, María J., Régimen legal del matrimonio civil. Ley 23.515, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1987, pp. 247-248). Es por ello, que, si los cónyuges hubieran acordado separarse de hecho, ninguno de ellos participará en los gananciales obtenidos por el otro después de la interrupción de la convivencia. (Cfr. Bueres, A. J. (dir.) y Highton, E. I., Código Civil y normas complementarias, Buenos Aires, Hammurabi, t. 3-C, p. 237). Tanto la doctrina como la Jurisprudencias previas a la reforma sostenían que ninguno de los cónyuges participa de los gananciales adquiridos por el otro después de la separación de hecho en el supuesto del divorcio remedio del artículo 215 del Código Civil (Conf. arg. Cam. Nac. Civil Sala B, con el voto del doctor Mauricio L. Mizrahi, al que adhirieron los doctores Gerónimo Sansó y Claudio Ramos Feijoo, en los autos “H., M. B. c/ G., G. S. M. R. s/ liquidación de sociedad conyugal” pub. en El Derecho, Buenos Aires, UCA, 15/5/2006, fallo 54012, y en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, nº 886, octubre-diciembre 2006, pp. 200-201; cfrme. Solari, Néstor E., “Los bienes adquiridos durante la separación de hecho como gananciales anómalos”, en Doctrina Judicial, Buenos Aires, La Ley, 6/12/2006, p. 996. Chechile, Ana M., “Disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre cónyuges separados de hecho”, en Jurisprudencia A., 1997-11.75; conf. arg. Bíscaro, Beatriz R., “La liquidación de la sociedad conyugal cuando la separación personal y el divorcio se fundan en la separación de hecho de los cónyuges”, en Jurisprudencia A., tomo 2000-I, p. 563. Arianna, Carlos A., “Separación de hecho. Divorcio sin atribución de culpas y ganancialidad”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, tomo 1996-C, p. 1283. Fleitas Ortíz de Rozas, Abel M., “Incidencia de la separación de hecho en la liquidación de la sociedad conyugal”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, tomo 1997-C, p. 284. Azpiri, Jorge, “La separación de hecho y su incidencia en la liquidación de la sociedad conyugal”, en Jurisprudencia A., tomo 2000-I, p. 567.). Por lo que recepto la defensa esgrimida por el actor reconvenido a fs. 57 punto 3.3 y sig. en torno a la improcedencia del reclamo, desestimando por improcedente la pretensión de la Sra. C..
  3. Tal como se estableció en el punto 1) de este considerando no hay discusión alguna entre las partes sobre la calificación de carácter propio del Sr. J. del inmueble ubicado en Nordelta, Provincia de Buenos Aires. Cuestión que ha sido reconocida de forma específica por la demandada reconviniente en su contestación. Por ende, el objeto a dilucidar, a solicitud de la Sra. C. son las pretensas inversiones que ella hubiere realizado en la mejora de este inmueble, relacionadas al estado que se encontraban al momento de haber contraído matrimonio con el Sr. J.. A saber: construcción de la pileta de natación y parquización, así como las refacciones y mejoras en el interior de la casa. Más allá de estimar su crédito en U$S 60.000, cabe previamente verificarse si estas mejoras fueron realizadas con dinero ganancial o propio de la demandada, o bien parte con uno y parte con otro, ello porque en uno u otro caso la determinación de la recompensa que deberá abonar la actora reconvenida, para el caso de probarse la existencia de la misma, en la posterior ejecución de la sentencia, será diferente.

El fundamento de las recompensas es mantener la integridad del patrimonio de los esposos para lograr que la partición de la comunidad sea justa y conforme a su finalidad. Buscando evitar que tanto el patrimonio de un esposo crezca a costa del patrimonio de la comunidad, como que la masa ganancial aumente a expensas del patrimonio propio de uno de los cónyuges, para evitar los detrimentos en la propiedad de cualquiera de los cónyuges (conf. Medina, Graciela en Kemelmajer de Carlucci, Herrera, Lloveras, Tratado de Derecho de Familia, Rubinzal Culzoni, 2014, T. I, p. 768/9). Se trata de un caso de aplicación del enriquecimiento sin causa.

“La recompensa implica que toda vez que uno u otro cónyuge se haya enriquecido a expensas de la comunidad, debe o es deudor de la recompensa a ella. La teoría de las compensaciones, enunciada por Pothier, abarca tanto el caso en que la comunidad tenga que devolver (compensar) a uno de los cónyuges los valores con que, a falta de reinversión, ingresaron a ella como comunes, o sea, como gananciales o sujetos a la presunción general de ganancialidad, como también aquél en que la comunidad se haya visto privada de valores que aprovecharon exclusivamente a uno u otro cónyuge, incorporándose a su propio patrimonio o, en su caso, acreciendo o mejorando bienes propios (conf. Zannoni, E., Derecho de Familia, T. I, Astrea, Bs. As., 5ta. Ed. 2006, p. 773 y sgtes.).

El Perito Ingeniero E. L. P. (v. fs. 406) al expedirse en relación a las mejoras alegadas y denunciadas por la demandada reconviniente: a. interior de la casa (cambio de soldados, trabajos en tablero, cambio del termo tanque que se reemplazó por rotura del original, artefacto de luz) manifiesta que tales obras no responden a una mejora del bien propio, considerando las mismas como gastos de reparaciones y/o gastos de mantenimiento y conservación del inmueble. b. En relación a las efectuadas en el exterior del inmueble (rellenado del terreno, nivelación, construcción de pileta y parquización), relata haber comprobado la existencia de las obras denunciadas. Califica la construcción de la piscina como una mejora, siempre y cuando haya sido construída a posteriori de la adquisición del inmueble. Estima el valor de su construcción en $250.000 al mes de abril de 2017. Es dable resaltar que no se desprende de la pericia el mayor valor adquirido por el inmueble propio del actor con la incorporación de la mentada construcción.
Ni el Sr. J. ni la Sra. C., arrimaron prueba conducente a fin de determinar que la construcción de la pileta de natación se efectuó con dinero propio de alguno de ellos. Se constató que la realización de la misma fue en el mes de noviembre y diciembre de 2007, a cuatro meses de que las partes contrajeran matrimonio (v. fs. 4 copia auténtica del certificado de matrimonio de las partes acaecido el 13 de julio de 2007 en expediente N°SI-36593-2011 y fs. 40). Se impone la existencia de una recompensa a favor de la demandada reconviniente al quedar determinado que durante la vigencia de la comunidad ingresó una suma de dinero ganancial en gastos de mejoramiento del inmueble propio del actor reconvenido. Mejora, cuyo valor de construcción se estimó en la suma de $ 250.000 (v. Pericia de fs. 406 vta.). Cabe hacer lugar al crédito reclamado por la Sra. C. en virtud de que con fondos gananciales se benefició la masa propia del actor reconvenido. Recompensa que el actor deberá abonar a la demandada en dicho concepto.
Conforme lo normado por el art. 493 del CCy CN, al determinar que el monto de la recompensa será igual al menor de los valores que representa la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad. Dado que lo que se reconoce en carácter de recompensa es un crédito por el beneficio, si no hubo provecho, el monto de la compensación será la cuantía del gasto en valores constantes al momento de la liquidación de la comunidad (art. 494 C.C.C). Las partes no observaron la pericia efectuada a fs. 406. Es por ello que estimo el crédito que le asiste a la demandada reconviniente en función del gasto que demandó la mejora, y que determinó en la suma de $ 125.000.
7. En relación a los restantes reclamos esgrimidos por la demandada reconvenida y controvertidos en autos, en mérito a la brevedad me remito a lo expuesto en los considerandos ut supra desarrollados, no obrando prueba util que permita tener por acreditado los extremos que pretende, se los desestima.
Séptimo) Estimo que corresponde dejar plasmado que la demandada reconviniente en su contestación de fs. 40/45 no peticionó la aplicación de intereses sobre los créditos que en su libelo reclama. Tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en aseverar la improcedencia del reconocimiento de intereses sobre créditos y recompensas en forma anterior a la liquidación de la sociedad conyugal (cfr. Borda, G. A., “Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia”, 9na. ed., T°1, n°474, p.392; Zannoni, E., “Derecho de Familia”, Bs. As. 1978, T°1, n°475; Mazzinghi, J., “Derecho de Familia”, T°2, n°355; Guastavino, E. “El sistema de indemnizaciones o recompensas en la sociedad conyugal”, en Revista Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, n°78, p. 320; CNCivil, Sala B, 20/12/65, ED T°14, p. 731; id. idem 28/4/81, ED T°95, p. 648 id., Sala D, 23/3/68, ED T°22 p. 541; CNCivil, Sala A, “S., J.C. c/ B. de S., M. R. s/ liquidación de sociedad conyugal”). Siendo que el cómputo de los intereses tiene lugar desde que se formula tal requerimiento al otro copartícipe, ante la inexistencia de reclamo, no cabe expedirme en torno a los mismos (cfr. arg. CNCivil, Sala F, “A., M. M. c/ L., J. M.” del 15/9/08; CNCivil – SALA I – Expte. N° 25778/2008 – del 10/6/10 “S., M. G. c/ P., R. K. s/ liquidación de la sociedad conyugal, CNCivil – SALA I 13/02/2012 en autos “B., G.L. c/ V., R.O. s/ liquidación de la sociedad conyugal” pub. en elDial.com).
Octavo) Sentado lo expuesto, la suscripta en uso de las facultades que le confiere el art. 36 inciso 4º del CPCCBA propicio se fije una audiencia para invitar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre la forma de realización la partición. Difiero para la etapa de ejecución de sentencia la partición propiamente dicha, si es que las partes no se avienen a hacerla en forma privada o mixta (Cfrme. Arg. Arts. 500 y ccs. del CC y CN).
Noveno) Costas: Estimo prudente imponer las costas por su orden, atento a como se han desenvuelto las partes en el presente por cuando ninguna resultó totalmente vencedora como lo pretenden (art. 68 y 71 CPCCBA).
Décimo) Cabe diferir la regulación de los honorarios de los letrados y peritos intervinientes para la oportunidad en que se acrediten los extremos necesarios para determinar el monto del proceso (conf. arg. art. 31 de la ley 8904 y ccs. y art. 51 de la ley 14.967).
Por los fundamentos expuestos, citas legales, doctrinales y jurisprudenciales reseñadas y que analicé a la luz del principio de la san Crítica -cfr. arts. 163, 384 y ccs. CPCCBA.

RESUELVO:

1) Hacer lugar a la demandada de liquidación de bienes de la comunidad interpuesta por el Sr. J. F. J. contra la Sra. C. A. A., y recepto parcialmente la reconvención deducida por la Sra. A. A. C. contra el Sr. J. F. J., en tanto quedó determinada la calificación de los bienes que integran la comunidad conyugal a liquidar, y que son los siguientes:
a) vehículo automotor VW B…1.8 dominio … modelo 2009 radicado en el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal
b) El crédito que le asiste a la Sra. A. A. C. sobre los ahorros en moneda extranjera de U$S 62.814 atento la calificación de ganancial de los mismos en el 50% de la cantidad indicada.
c) El crédito a favor de la Sra. A. A. C. atento la recompensa que le corresponde respecto de la mejora obtenida en el inmueble propio del demandado la sede del hogar conyugal ubicado en el Barrio Las G. de N., Lote …, del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires en la construcción de la pileta de natación con fondos gananciales.
2) A los fines de invitar a las partes a consensuar el modo de liquidar en forma definitiva la masa que integra la comunidad de bienes, en mérito a lo normado por el art. 36 inciso 4 del CPCCBA, los convoco a la audiencia que se fija para el día jueves 28 de junio de 2018, a las 11.00 horas para que comparezcan conjuntamente con sus patrocinios letrados (v. considerando 7).
3) Se difiere para la etapa de ejecución de sentencia la partición propiamente dicha, si es que las partes no se avienen a hacerla en forma privada o mixta (cfr. Arg. Arts. 500 y ccs. del CC Y CN).
4) Las costas se imponen en el orden causado atento la manera en que se resuelve el presente decisorio (art. 68/71 del C.P.C.C.B.A).
5) Difiero la regulación de honorarios profesionales para una vez que exista en autos los extremos necesarios para determinar el monto del proceso (cfr. Arts. 51 de la Ley 8904, art. 51 ley 14.967).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría y con habilitación de días y horas inhábile (art. 135 CPCCBA).

Monica P. Urbancic de Baxter
Juez

 

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