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La aplicación del principio de solidaridad en la resolución de los conflictos pospandemia. Mariana G. Callegari

Título: La aplicación del principio de solidaridad en la resolución de los conflictos pospandemia

Autor: Callegari, Mariana G.

Publicado en: DFyP 2020 (noviembre), 19/11/2020, 52

Cita Online: AR/DOC/3415/2020

Sumario: I. Introducción.— II. Hacia la pospandemia.— III. Principios generales del derecho.— IV. El principio de solidaridad.— V. El principio de solidaridad aplicable en algunos supuestos específicos.— VI. A modo de conclusión.

(*)

I. Introducción

La propagación mundial del COVID-19 obligó a la mayoría de los países a adoptar medidas excepcionales que interfieren en las actividades económicas y afectan de manera inmediata y mediata a las distintas relaciones jurídicas patrimoniales en curso, generando un gran impacto en todo el derecho en general y en particular en el derecho civil.

En la Argentina, a partir del DNU 297/2020 publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2020 —y sus sucesivas prórrogas—, se decretó la medida de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» (ASPO) para todas las personas que habitaban en el país o se encontraban en él en forma temporaria.

En este contexto resulta que el orden de las normalidades queda suspendido o puesto entre paréntesis. Vale decir que este virus desactivó ciertas regularidades de la vida cotidiana.

Es indudable que nadie ha podido continuar con su vida habitual del mismo modo, todas las vidas han sido trastocadas y han tenido que reinventarse: cómo trabajar, qué hacer con los niños, cómo sobrellevar la nueva dinámica familiar, cuál es la mejor forma de adaptarse al aislamiento, etc. Todo ello en medio del grave peligro que acecha a la salud de la población y, por cierto, también dentro del habitual cúmulo de deberes y obligaciones que acompaña el diario vivir de las personas.

En fin, la interrupción de la normalidad nos plantea preguntas. Y nosotros debemos construir las respuestas. No caben dudas que son momentos trascendentes cuando —como ahora— surgen preguntas que nos interrogan profundamente.

Para transitar los tiempos que se avecinan va a ser necesario un gran esfuerzo de creación porque la realidad existente ya no funciona del todo en este nuevo escenario. Habrá que dar una respuesta de transformación. Ese es el desafío.

Colaborar en dicho sentido es el objetivo que humildemente procura el presente trabajo.

II. Hacia la pospandemia

Más allá del lógico desagrado que genera la situación de crisis que estamos atravesando, no puede negarse que —desde cierto punto de vista— esta se convierte en un punto de inflexión, en un punto de partida.

Coincidimos plenamente con las palabras enunciadas por el Dr. José Luis Lasalle al abrir el Congreso Institutos de Derecho de Familia de Colegios de Abogados «El derecho en la pospandemia» (1), en cuanto a que crisis implica cambio.

De ahí que debemos procurar que esta crisis tenga un resultado positivo, que sea el impulso hacia un cambio superador. Ello obliga a prepararnos para la situación que se vislumbra una vez superado el COVID-19.

Está claro que pensar por fuera de la normalidad va más allá del vaticinio o la predicción. Se requiere que se atiendan excepciones, lo cual no significa privilegios, sino derecho a la atención de las cuestiones imprevistas que no encajan en la regla.

Ahora bien, ¿a qué normativa recurrir cuando nos enfrentamos con los conflictos generados y que se irán generando por los efectos de la pandemia y del aislamiento preventivo obligatorio decretado para resguardar la salud de la ciudadanía?

Dicho de otro modo: ¿a qué acudir cuando estamos en presencia de situaciones y conflictos que escapan a las reglas ya establecidas?

III. Principios generales del derecho

Tal como acertadamente se recuerda —citando al jurista español Miguel Ángel Rodilla—, fue el filósofo Ronald Dworkin quien, al analizar los procesos de interpretación y aplicación del derecho, llamó la atención sobre la presencia inevitable de principios, y quien abogó por la sustitución del «modelo de las reglas» por un modelo de sistema jurídico, algo más complejo (integrado por reglas y principios). Según su concepción este modelo tenía la ventaja de ofrecer una mejor explicación de la forma como resuelven los jueces los llamados «casos difíciles» —los casos de imprecisiones semánticas, lagunas y antinomias— y además parecía reflejar mejor la estructura del sistema jurídico característico del Estado constitucional, en el que los principios constitucionales ocupan un lugar muy destacado. Desde el punto de vista estructural la diferencia más importante entre principios y reglas se refiere a la forma como está configurado el supuesto de hecho en unos y otras: en las reglas el supuesto de hecho está enteramente especificado, en los principios, en cambio, no. Las reglas configuran el supuesto de hecho de forma cerrada, determinando de forma exhaustiva los diversos elementos del supuesto de hecho; los principios, en cambio, configuran el supuesto de hecho de forma abierta; en las reglas las propiedades que conforman el caso constituyen un conjunto finito y cerrado, en los principios no puede formularse una lista cerrada de estas. El supuesto de hecho de una norma define el conjunto de condiciones personales, espaciales, temporales y materiales que han de darse en un caso para que entre en juego, y en ese sentido determina los casos de aplicación de la norma. El hecho de que las reglas tengan configurado el supuesto de hecho de forma cerrada significa que se sabe no solo qué prescriben, sino también en qué casos es aplicable. En relación con los principios, en cambio, se sabe qué prescriben, pero, dado que el supuesto de hecho está configurado de forma abierta, no está determinado explícitamente en qué casos es aplicable (2).

De ahí que el sistema que mejor se acomoda al derecho en un mundo de permanente cambio y evolución es el de los sistemas abiertos, vale decir aquellos que permiten el ingreso de nuevos elementos al sistema, provenientes del entorno, y la expulsión de otros hacia ese mismo entorno. Siendo los sistemas abiertos esencialmente dinámicos, una de sus características es que sus elementos interactúan entre sí. Cualquier modificación que sufran los elementos provoca automáticamente modificaciones en el resto de los elementos del sistema, lo que equivale a postular que el derecho es un organismo «vivo», en el que se producen modificaciones homeostáticas, es decir de equilibrio dinámico, en forma global y no por partes aisladas, y relacionadas con las presiones y variaciones del entorno. Así, por ejemplo, una emergencia económica o climática provocará una respuesta acorde y ello afectará a las relaciones jurídicas reguladas por la legislación de fondo (3).

En nuestro país —lamentablemente— estamos acostumbrados a convivir con situaciones de emergencia, por lo que hemos desarrollado una gran capacidad para adaptarnos a las distintas crisis que nos han ido golpeando históricamente.

No es casual que, justamente, en un contexto de emergencia la Corte Suprema, en el caso «Peralta» (4), hubiera aportado ciertos lineamientos que condicen con la dinámica del sistema abierto. En ese entonces el más alto tribunal abordó —al decir de Dworkin— un «caso difícil» ya que no tenía una solución legal preestablecida, o, si la tenía, esta no resultaba, por alguna razón, satisfactoria.

Allí nuestro máximo tribunal, refiriéndose a la Constitución, expresó: «Su interpretación auténtica no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad que le impide envejecer con el cambio de ideas, crecimiento o redistribución de intereses, siga siendo el instrumento de ordenación política y moral de la Nación» (consid. 20). Y que «la Constitución Nacional provee reglas concretas para organizar el Estado y asegurar los derechos individuales y sociales en situaciones imaginables para sus autores, pero solo podemos recurrir a sus principios rectores más profundos, frente a aquellas que no pudieron imaginar» (consid. 22).

A juzgar por la redacción analizada, parece razonable entender al sistema jurídico como un sistema abierto, en el que pueden suscitarse lagunas y conflictos normativos reales, sin que ello obste a llegar a una solución, pues podrán tomarse de su entorno los elementos necesarios para arribar a esa solución.

Con buen criterio se ha sostenido que las epidemias son una trágica, pero muy útil, oportunidad para reconocer los valores y las creencias vigentes en una comunidad, donde en todos los casos siempre han convivido el egoísmo y la solidaridad, la cobardía y el heroísmo, la humildad y la codicia, el abandono y el compromiso, e interpelan al derecho —pensado como recurso para evitar o resolver algunos conflictos entre los individuos— a cumplir con su función de proveer ciertos medios para hacer posible la cooperación social, en circunstancias que, por el mayor riesgo que entrañan y por su carácter extraordinario, exigen tal cooperación (5).

De este modo puede advertirse —compartiendo este razonamiento—, que en épocas de crisis el derecho tradicional cede terreno al derecho de emergencia, que requiere ser «hecho» según las características específicas de la crisis que se trate. De allí que la emergencia debe crear su propio sistema de normas, reconociendo más que nunca la existencia de principios generales del derecho que en ninguna circunstancia admiten restricción, y es a partir de esos principios que debe crearse el derecho aplicable a situaciones de emergencia (6).

Según las enseñanzas de Guido Alpa, la individualización de la función que cumplen los principios es vaga y arbitraria, como lo es también su categorización, su creación e identificación dentro del derecho vigente. Esta vaguedad y arbitrariedad no debe sorprender, ya que es lo propio de la tarea de interpretación. Lo importante es que la actividad interpretativa responda a los cánones de la lógica, el sentido común y la utilidad práctica. El jurista italiano expresa que —como ya lo señaló claramente Struck— los principios y consecuentemente los tópicos jurídicos contribuyen a la aplicación de las normas desde el momento en que ninguna regla jurídica o valor es absoluto. Siempre se da algún caso en el que, dadas ciertas circunstancias, una regla debe limitarse y un valor debe dar paso a consideraciones que son superiores (7).

Con la Constitución Nacional reformada en 1994 fueron reconocidos nuevos derechos, abundan los principios y escasean las reglas para resolver los conflictos. En un mundo cuya nota más estable y regular es su permanente cambio y evolución, parece muy acertado que la respuesta a derechos en tensión deba ser construida para el caso particular. Especialmente porque las soluciones estandarizadas, por definición, resultarán siempre insuficientes e inadecuadas. Por ello el ordenamiento impone a los jueces la realización de los principios mediante la labor interpretativa que, necesariamente, abrevarán de un sistema de fuentes complejo y que tiene que guardar coherencia con todo el ordenamiento (8).

Un aguda visión similar muestra el profesor Juan Carlos Cassagne al reflexionar que «esas transformaciones han sido tan grandes que han llegado a trastocar el sistema de las fuentes del derecho, a raíz de la caída de los dogmas de la centralidad y primacía de la ley y la consecuente prevalencia de los principios generales, potenciándose el papel de los jueces en la interpretación del derecho. De esa manera, el juez ha dejado de ser un mero aplicador de normas positivas, mediante la técnica de la subsunción, para convertirse en un protagonista creativo que fundamenta sus decisiones en la justicia del caso y en los principios generales del derecho» (9).

De tal modo, los principios son mecanismos a los que acuden los jueces en la interpretación de las normas. Conforman mandatos jurídicos vinculantes, carentes de supuesto de hecho, que integran la base del ordenamiento jurídico, teniendo primacía sobre las normas legales y reglamentarias, con independencia de que hayan sido positivizados o reconocidos por la jurisprudencia, cuya violación corresponde sancionar con la misma fuerza jurídica que la ley escrita (10).

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo alusión a tales principios: «Si la inteligencia de un precepto basada exclusivamente en la arbitrariedad de sus términos conduce a resultados que no armonizan con principios axiológicos superiores, arriba a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso, o a consecuencias notablemente disvaliosas, la interpretación de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el todo normativo» (11).

Llegados a este punto, puede advertirse fácilmente la importancia que tienen los principios generales del derecho a la hora de elaborar la búsqueda de la mejor solución posible a los casos conflictivos no solo en situaciones normales sino también, y con más razón, en contextos de emergencia o crisis, pues las normas solo proporcionan soluciones para casos concretos, y en los no previstos se debe recurrir a principios muchas veces no recibidos legislativamente como normas expresas, pero que igualmente pueden extraerse del contexto general utilizando el método inductivo para luego cristalizarse a través de la jurisprudencia y la doctrina.

A ese respecto no deber perderse de vista que —aun cuando no se refiere a los principios generales del derecho específicamente— el art. 2º del Cód. Civ. y Com. ha establecido que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Es que una situación inusual y extraordinaria merece también una respuesta inusual y extraordinaria, de manera que, en este momento, la labor del jurista se revela sumamente estimulante porque el rol hermenéutico de los principios, antes meramente residual, se incrementa en la actualidad.

Resultan esclarecedoras las siguientes palabras citadas por Alejandro Laje: «Se atribuye esta nueva situación de los principios a dos factores. El primero, el estado actual del sistema normativo, que se encuentra más fragmentado e incoherente que antes. El segundo, la sociedad actual. La cultura de nuestro tiempo refleja una variedad de valores más compleja que en el pasado. La sociedad multicultural implica una amplia variedad de opciones ético-políticas y de convicciones morales que generan un amplio grado de conflictividad axiológica. En este contexto, el principio de buena fe evolucionó, en la argumentación jurisprudencial, de manera que se lo invoca junto con el de solidaridad, de manera que ambos principios van juntos, reforzándose el uno con el otro. Destaca el presidente del gobierno de Italia que este nuevo principio de buena fe-solidaridad no es el corporativo, propio de la época fascista, sino uno que está en plena sintonía con los institutos de los estados democráticos actuales» (12).

IV. El principio de solidaridad

El profesor Córdoba explica que «la solidaridad constituye un verdadero principio jurídico rector de todos los principios generales del derecho, en razón de que todos ellos contienen su noción, al igual que la buena fe, sobre el cual se asientan otros principios y normas que organizan la sociedad. Corresponde poner en decadencia el divorcio entre derecho y moral, ya que nociones morales como la buena fe y la solidaridad humanizan el derecho penetrándolo como una savia bienhechora… La función de los principios y, en este caso concreto, de la solidaridad, es alumbrar con valores el contenido de las normas legales y cubrir sus ausencias y falencias expositivas, participando en la interpretación de la ley con el límite de no causar modificación en las consecuencias que el legislador previó» (13).

Emparentado con ello se encuentra el valioso principio de buena fe que constituye un principio general del derecho, rector de los demás, que no admite ninguna circunstancia en la que pueda suspenderse su vigencia, por cuya razón debe adoptárselo como punto de partida, para la construcción del derecho de la emergencia (14).

Es importante destacar que este principio general ha tenido su reconocimiento normativo a través del art. 9º del Cód. Civ. y Com., que prescribe que «[l]os derechos deben ser ejercidos de buena fe». Se trata de una regla general que abarca el ejercicio de cualquier derecho o situación jurídica, sea ella derivada o no de un acto jurídico. El primer principio que hace al ejercicio de los derechos subjetivos dirigidos al ciudadano es el de buena fe.

Es innegable la conexión de este principio general con el de solidaridad. Es cierto que la solidaridad —a diferencia de la buena fe— aún no ha sido positivizada en nuestra legislación. Pero aun cuando pudiera imaginarse la existencia de una buena fe sin solidaridad, resulta interesante pensar que a la inversa no parece sonar del mismo modo, y es ahí cuando la comunión entre ambos principios se hace notable puesto que cuesta concebir una solidaridad que sea ajena a la buena fe.

De hecho, el principio de buena fe evolucionó en la argumentación jurisprudencial y se lo invoca junto con el de solidaridad, de manera que ambos principios van juntos, reforzándose el uno con el otro. La solidaridad debe ser entendida como que «todos los derechos deben ser ejercidos teniendo en consideración a los otros».Se ha considerado que el principio de buena fe-solidaridad surge de un estándar moral de la sociedad resultante de su evolución social y jurídica, así como de sus modos de vida, costumbres y conocimiento. A su vez se presenta como un faro que ilumina la convivencia, particularmente en las situaciones de crisis y emergencia. Como principio general del derecho, es idóneo para superar contradicciones que se presentan en la emergencia entre la norma y la realidad social en crisis. Entre el derecho y la emergencia (15).

La solidaridad es un principio que ha informado al legislador a efectos de normas particulares, pero no como norma abierta. Es decir, la solidaridad está impuesta para casos especiales, pero no como norma general del derecho positivo.

Solidaridad implica adhesión a la causa, situación o necesidad de otro. Tal adhesión puede resultar de un obrar espontáneo, es decir de propio impulso, aquel que se produce aparentemente sin causa o cuando la causa es aquella que resulta de la esfera privada de la persona, aquella esfera donde incluso por imperativo constitucional no corresponde indagar (16).

La solidaridad es un género constituido por dos especies, una la solidaridad espontánea, es decir aquella que se ejerce sin causa aparente, otra es la jurídica, esta última es aquella en la que el beneficiario posee acción para exigirla. Si bien en la primera la estructura jurídica no provee acción al beneficiario no deja en muchos casos de regularla e incluso en muchos casos de motivarla. Encontramos, por tanto, el principio de solidaridad presente en variadas soluciones previstas en el sistema jurídico. Ya sea como impulso y calificación de la solidaridad espontánea o como la regulación de la solidaridad legal. Esta última, también, en diversos supuestos. El más mencionado es la obligación solidaria que regula el cumplimiento de los deberes de otro, diverso, del de asistir a otro (17).

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha señalado que el deber de solidaridad no está expresamente consagrado por la Constitución Nacional. Es por ello que se lo extrae de su contexto, ya que en ella se contemplan deberes expresos o implícitos; entre otros, el deber de obediencia y fidelidad al Estado, el cual surge a contrario sensu del art. 119 cuando este define el delito de traición; el deber de respeto a las instituciones y a las autoridades previstas por el ordenamiento jurídico, que surge de los arts. 6º, in fine, 22, parte 2ª, y 23; en el deber de prestación de cosas, es fundamental el de concurrir a los gastos públicos en razón de la capacidad contributiva de cada uno (18).

Dicho Tribunal también recordó que el «deber de solidaridad» ha sido incluido en los textos constitucionales contemporáneos. Entre otros, pueden mencionarse el Preámbulo de la Constitución de la República Francesa (IV República), del 27/10/1946, al establecer que «la Nación proclama la solidaridad y la igualdad de todos los franceses frente a las cargas derivadas de las calamidades nacionales». La solidaridad es la versión moderna de la fraternidad, que cerraba la trilogía revolucionaria «libertad, igualdad y fraternidad», siendo esta última la indicadora de que todo colectivo humano que aspire a la consagración de derechos debe también consagrar los recíprocos deberes.

En el mismo sentido, la Constitución de la República Italiana de 1947, establece en su art. 2º (Derechos del hombre): «La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo, sea en las agrupaciones sociales donde desenvuelve su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social».

Se ha dicho a este propósito que «el principio de solidaridad», respecto de su función normativa, representa el criterio fundamental destinado a mediar, a través de los deberes según los cuales se manifiesta en el plano constitucional, el mínimo de homogeneidad sin el cual la vida política se reduciría al bellum omnium contra omnes de hobbessiana memoria (19).

Por eso, no de la contraposición sino de la composición de los intereses debe devenir la regla, y las posiciones subjetivas deben coordinarse en un cuadro de solidaridad no solamente política, sino económica y social, que confiera a la República la capacidad de ser realmente el punto de encuentro de todos los componentes de la comunidad nacional.

Ello permitirá recobrar, más allá de la especialización a la que conduce la creciente complejidad de los órdenes jurídicos modernos, la profunda unidad que caracteriza al derecho. Al margen de las peculiaridades de cada rama jurídica, no hay ningún abismo que las separe. Por el contrario, a todas las recorre un hilo que enhebra cada uno de sus aspectos y cuyo fundamento no es otro que el entramado valorativo y conceptual que se encuentra expresado por principios tales como los de equidad, libertad, justicia, igualdad, buena fe, solidaridad, etc.

Resulta pertinente traer a colación las palabras del jurista Juan Carlos Cassagne al explicar que «cualquier medida administrativa o reglamentaria que se dicte durante la declarada emergencia no debe conculcar los principios que integran el bloque federal de legitimidad constitucional, particularmente los principios generales del derecho, desde la dignidad de la persona humana, que constituye el centro de todos los derechos y del cual se derivan la mayor parte de los principios generales, hasta los demás principios que encuentran su fundamento en la justicia material, como los principios de tutela administrativa y judicial efectiva, irretroactividad y razonabilidad, buena fe, pro homine, confianza legítima y solidaridad, la mayoría de los cuales, con independencia de su fundamento en la Constitución Nacional, están reconocidos en tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional, conforme lo prescripto en el art. 75, inc. 22 de la CN». El autor agrega: «En cuanto al principio de solidaridad, si bien abrigábamos alguna duda acerca de su carácter vinculante, hemos llegado a la conclusión de que constituye un principio general del derecho, en virtud de que genera el deber jurídico de no transgredirlo mediante actos o conductas contrarios o que obstaculicen su realización» (20).

En esta crisis epidemiológica inédita que atraviesa el mundo entero nadie pone en duda que se está viviendo un momento de penuria que sufre todo el cuerpo social y por lo tanto es que debe primar la convicción de la participación solidaria en la necesidad común. Se trata, en suma, de analizar los conflictos y buscar las soluciones sabiendo estar en el súbito instante que disuelve fronteras.

V. El principio de solidaridad aplicable en algunos supuestos específicos

Hemos visto que en la estructura jurídica de la Argentina, la solidaridad es un principio que ha informado al legislador a efectos de normas particulares, pero no como norma abierta. Es decir que la solidaridad está impuesta para casos especiales, pero no como norma general del derecho positivo (21).

Pues bien, encontramos el principio de solidaridad presente en variadas soluciones previstas en el sistema jurídico y en otras donde debiera tenérselo más presente. Ya sea como impulso y calificación de la solidaridad espontánea o como la regulación de la solidaridad legal. Esta última, también, en diversos supuestos. El más mencionado es la obligación solidaria que regula el cumplimiento de los deberes de otro, diverso, del de asistir a otro.

No obstante, en esta oportunidad nos interesa dar cuenta de algunos conflictos que pudieran surgir a partir de los efectos adversos de la pandemia y que —entendemos— necesitan ser alumbrados por el principio de solidaridad.

Analizaremos ciertos supuestos específicos que nos parece importante recalcar sin que ello pretenda de ningún modo agotar la cuestión.

 V.1. Contratos

Es indudable la repercusión económica que tiene y va a seguir teniendo en materia contractual la crisis sanitaria mundial, que ha generado el incumplimiento de numerosos contratos ya sea por su imposibilidad física, en virtud de las medidas de aislamiento (ASPO), ya sea por una alteración de las circunstancias económicas o de otro tipo en su ejecución.

La renegociación del contrato representa una herramienta de gran utilidad con que cuentan las partes para atemperar las consecuencias nocivas de la pandemia. Constituye un medio de prevención, mitigación o contención de daños en el ámbito contractual, lo cual se encuentra regulado en los arts. 1031, 1032 y 1710, incs. b) y c) del Cód. Civ. y Com.

De esta manera se busca evitar el litigio, salvaguardando el contrato a través de la autocomposición a la que lleguen las partes. De modo que, conforme la debida integración del cuerpo normativo, así como de los principios generales del derecho, podrá recurrirse a esta herramienta a los fines de lograr una amigable composición de intereses y mantener el acuerdo vigente, con las reformulaciones que se consideren (22).

En este sentido se ha señalado que «la crisis de la pandemia generará una pérdida en la economía mundial, y todos vamos a perder, algunos más que otros, pero nadie puede quedar exento. De ahí que todos deberán colaborar con las pérdidas y nadie puede permanecer impasible frente a esta catastrófica realidad. De ahí que en los tiempos que vienen el mayor síntoma de madurez económica y jurídica será renegociar las obligaciones y contratos» (23).

En este contexto, será clave el rol que deben jugar abogados y jueces, no solo a la hora de generar la respuesta judicial solicitada sino como promotores de la renegociación, a punto tal que incluso se ha entendido que los jueces pueden actuar como monitores y facilitadores del proceso de renegociación que las partes tienen voluntad de proseguir, lo que puede ocurrir en la hipótesis de revisión por imprevisión, frustración del fin del contrato de locación y de tutela anticipada (24).

Va de suyo que la renegociación del contrato debe estar cubierta por el principio de buena fe (arts. 9º, 961 y 1061 del Cód. Civ. y Com.), y jugará con los límites del abuso del derecho (arts. 10 y 11), de la lesión, de la imprevisión y del orden público (art. 12), teniendo en mira la supervivencia del contrato, su reacomodamiento buscando a veces el esfuerzo compartido para lograr el principio de solidaridad o fraternidad contractual, debiendo haber conciliación y armonía en los fines individuales y los fines sociales ya que el contrato persigue ambos.

Otro contrato que seguramente sufra los efectos de la pandemia es el de seguro, donde muchas veces se contrapone a una organización/empresa con una persona consumidora y en condición de vulnerabilidad.

A su respecto se ha sostenido que es lógico y jurídicamente sustentable que en la distribución de esfuerzos para soportar la incidencia distorsiva de la fuerza mayor sobre el contrato y sus efectos, sea la organización y no la persona más débil la que soporte el mayor peso de las consecuencias, que las diversas figuras jurídicas aplicables al caso puedan implicar (revisión y adecuación del contrato; eximición de la mora; frustración del fin del contrato; imposibilidad objetiva de cumplimiento; suspensión de los efectos; caducidades; prescripción; excesiva onerosidad sobreviniente, etc.) (25).

En este punto, viene al caso recordar un claro ejemplo cercano de la aplicación de la solidaridad y que se cristalizó a través de las decisiones adoptadas a consecuencia de la pesificación establecida mediante la ley 25.561, que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria en el año 2003. Sabido es que se trató de una norma de emergencia que persiguió remediar una situación de gravedad.

En tal oportunidad los jueces adoptaron en sus decisiones la teoría y/o principio del «esfuerzo compartido» entendiendo como razonable y necesario para compatibilizar los intereses y valores antagónicos, distribuir las consecuencias de las transformaciones económicas producidas por las leyes dictadas, resolviendo en favor de la constitucionalidad de las normas de la emergencia. Por cierto, el Máximo Tribunal avaló la aplicación de este principio en numerosos precedentes: «Rinaldi, Francisco y otro c. Guzmán Toledo Ronal y otra», del 15/03/2007; «Grillo, Vicente c. Sparano, Claudio», del 03/07/2007; «Souto de Adler, Mercedes c. Martorano, Marta T.», del 14/08/2007; «Bezzi, Rubén c. Valentín, Sixto», del 11/09/2007; «Longobardi, Irene c. Instituto San Patricio SRL», del 18/12/2007; «Fecred SA c. Mazzei, Osvaldo», del 06/05/2008, entre muchos otros.

El fundamento principal de tal posición fue que todos soporten equitativamente las consecuencias de la emergencia de modo que nadie se beneficie a expensas de otro. Imaginar que en una grave crisis es posible preservar inmutables las condiciones bajo las cuales se desenvuelve cada uno de los habitantes es no tener sentido de la realidad. Y de ese sentido no se puede carecer si se procura administrar justicia.

 V.2. Cuestiones de familia

En el marco de la grave perturbación por la que atraviesa nuestro país, es innegable que se ven afectados todos los sujetos y por carácter transitivo la familia: desde lo más básico (como los alimentos para subsistir), el trabajo, la vivienda (contratos de alquiler, mutuos, desalojos), entre otras cuestiones.

La crisis, sin duda alguna, provocará un impacto diferente en los progenitores asalariados que sobre quienes son trabajadores independientes (trabajadores por cuenta propia, independientes como los profesionales autónomos, monotributistas o trabajadores informales. Ejemplos: oficios diversos como carpinteros, peluqueros, plomeros, gasistas, y vendedores ambulantes. En resumen: labores que, en mayor o menor medida, requieren que se «circule» todos los días para generar sus ingresos).

Para este grupo de progenitores indiscutiblemente el ingreso disminuirá y ello tiene que necesariamente ser tenido en cuenta con relación a los alimentos que se fijan de acuerdo con las necesidades del alimentante y a los ingresos del alimentado.

Como se ha señalado, este escenario necesariamente impacta en las relaciones de familia, que no pueden pensarse sin tener en cuenta estas excepcionales circunstancias. En caso de que por efecto de la pandemia hubieran mermado los ingresos del obligado al pago de los alimentos, no parece razonable omitir considerar la imposibilidad de pago que se presenta, pues exigir una deuda impagable no la hace pagable. Y en materia de familia puede ser mucho más destructivo que constructivo ignorar la situación del otro (26).

Al mismo tiempo, es de hacer notar también que la vivienda familiar, necesaria para el desarrollo individual y familiar que cuenta con una gran protección constitucional, convencional y de derecho positivo, ve tambalear sus bases por la crisis económica, agravada por la imposibilidad de trabajar, comerciar y circular que golpea con rudeza a profesionales y trabajadores independientes de las más diversas índoles.

En este sentido se ha expuesto: «Todos aquellos que paguen un canon por la adquisición del inmueble habitación o por su uso y goce, se encuentran ante la dificultad temporaria para solventarlo. Ella ha tratado de ser paliada por dos decs. del Poder Ejecutivo 319/2020 y 320/2020 que buscan la suspensión de los aumentos de alquileres y mutuos hipotecarios y la prórroga de los plazos como así también la suspensión de los intereses y los desalojos». Es por ello que la jurista con noble criterio concluye: «Hoy más que nunca es necesaria la solidaridad familiar para transitar una enorme crisis económica, que es acompañada por una inimaginable pandemia» (27).

En este orden de ideas se ha dicho que «la posmodernidad ha exaltado el individualismo, sin perjuicio de ello pueden observarse que estos lazos se fortalecen a través de la solidaridad, a través de la asistencia, que se fomenta entre los distintos individuos que conforman una familia. Antes la familia, se percibía como un todo orgánico sujeto de protección, actualmente la suma de cada uno de los individuos que conforman el todo» (28). Es innegable que los modelos familiares han cambiado, se han forjado nuevas formas de familia que por supuesto merecen protección sin que ello apareje imponer un modelo familiar, precisamente, por la diversidad que existe.

En síntesis, para resolver este tipo de conflictos deberá acudirse al principio de solidaridad familiar, a los arts. 1º y 2º del Cód. Civ. y Com. (principios y valores jurídicos), y a los principios generales aplicables a los procesos de familia contenidos en los arts. 706, 709 y 710 del Cód. Civ. y Com. (tutela judicial efectiva, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, entre otros).

La solidaridad es una virtud que busca el bien común de un grupo, cuya finalidad intenta solucionar las carencias espirituales o materiales de los demás y se produce como consecuencia de la adhesión a valores sociales comunes. La idea de solidaridad cuyo antecedente histórico lo encontramos en la pietas romana consistía no solo en la virtud que impulsaba a cumplir los deberes para con la divinidad, y con la patria, sino también con los mayores, los familiares y con todos aquellos a quienes estamos unidos con el vínculo de sangre (29).

Así, pues, el principio de solidaridad familiar importa la defensa de los más vulnerables, los más débiles. En tal sentido coincidimos con un sector de la doctrina que instituye a la solidaridad como principio general del derecho, pues, es la piedra angular sobre la que se construye la sociedad. Sin solidaridad, no hay comunidad, país o nación. Constituye un verdadero principio jurídico rector de todos los principios generales del derecho, en razón que todos ellos contienen su noción, al igual que la buena fe sobre el cual se asientan otros principios y normas que organizan la sociedad.

En forma contundente se ha indicado que debe reconocerse a la solidaridad familiar como principio general del derecho, fundando su expresión en que esta constituye una noción de contenido ético moral, reconocido por el estándar social, y en la actualidad solo ha sido introducida al derecho positivo en contenidos de normas particulares.

 V.3. Vivienda familiar (procesos de desalojos y ejecuciones hipotecarias)

Íntimamente vinculado con el supuesto anterior y con las dificultades económicas que provoca la pandemia, cabe mencionar que el PEN ha dictado el DNU 320/2020 referido a los contratos de locación, disponiendo el congelamiento del precio del alquiler, la suspensión de desalojos y algunos otros beneficios, aplicable a ciertas locaciones que enumera el art. 9º.

Su validez fue declarada a través de la res. 33 del Honorable Senado de la Nación (del 13 de mayo de 2020), con el fin de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo.

Además, en razón de que el contexto sanitario se extendió en el tiempo, persistiendo las dificultades que afronta una gran cantidad de locatarios y locatarias y que dieran oportunamente lugar al dictado del dec. 320/2020, fue que recientemente el PEN dictó el DNU 766/2020 (publicado en el BO con fecha 25/09/2020) el cual prorroga los plazos previstos en aquel decreto hasta el 31 de enero de 2021, refiriéndose a la suspensión de desalojos, prórroga de contratos y congelamiento de precio de alquileres, entre otras cuestiones.

En el mismo orden de ideas mediante el dec. 319/2020 —prorrogado por el DNU 767/2020 hasta el 31/01/2021 (publicado en el BO con fecha 25/09/2020)— se dispuso la suspensión de las ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales en las que el derecho real de garantía recaiga sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados por el deudor o quienes lo sucedan.

Pues bien, dentro del contexto que nos toca vivir en la actualidad y que no sabemos hasta cuándo durará, creemos que se advierte con claridad que estas medidas —con un claro fin solidario— tienden a la protección del derecho a la vivienda consagrado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional y que fue definido como «el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad».

La protección de la vivienda familiar constituye un valor supremo y reviste un derecho humano fundamental reconocido en varios tratados internacionales, constituciones y ordenamientos legales.

Particularmente el derecho a la vivienda es receptado expresamente en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el art. 25 de la Convención de los Derechos del Niño; en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otros, los que integran el ordenamiento jurídico argentino con jerarquía constitucional en razón de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la CN.

 V.4. Adultos mayores. Pactos de convivencia asistenciales o solidarias

En el contexto de crisis sanitaria y económica que atravesamos, no puede soslayarse que las personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas preexistentes constituyen sujetos vulnerables cuya protección debe ser tenida en cuenta en forma primordial.

En este orden de ideas nuestro país ha sancionado recientemente la ley 27.360 (2017) mediante la cual aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual reconoce la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de edad (30).

De allí la importancia que representa la figura de los «Pactos de Convivencias Asistenciales o Solidarias». Estos consisten en acuerdos realizados por personas unidas por una relación —sin que medie entre ellas una relación necesariamente afectiva o amorosa, conocida por la sociología también como «amor romántico»—, basados en la autonomía de la voluntad y la solidaridad familiar, y que en la actualidad carecen de regulación legal.

La falta de regulación de estas uniones convivenciales o solidarias podría provocar una discriminación negativa, entendida como aquella que provee un trato desigual a los iguales, pero también, a la que provee un trato igual a los desiguales. Por ello, creemos que no solo debe regularse el matrimonio y las uniones convivenciales, sino que debe contemplarse todo tipo de convivencia, respetándose de este modo la libertad, la autonomía de la voluntad y la libre elección de motivación, otorgando los instrumentos necesarios para la seguridad social de los convivientes y la asistencia recíproca. Esta noción se viene exponiendo (31) desde hace más de una década frente al vacío legal existente en nuestra legislación para regular la situación jurídica de aquellas personas que desean o necesitan contención recíproca, sin que necesariamente medie entre ellos una relación amorosa, que motivaron la presentación en diciembre de 2018 ante la H. Cámara de Senadores de la Nación de un proyecto de ley para su regulación (32).

Es que podría resultar discriminatorio limitar los beneficios de la asistencia solo a los sujetos de la familia de fundación matrimonial o las establecidas por uniones convivenciales, pues en la actualidad existen ilimitadas variantes y motivaciones por las cuales una o varias personas puedan querer asistirse recíprocamente. Hoy como nunca, no se puede desviar la atención que estos temas merecen, principalmente porque se trata de una figura legal que procura beneficiar a los adultos mayores vulnerables con un mayor grado de exposición a los factores de riesgos que trae consigo la pandemia. Nuestra legislación debe adaptarse a los cambios que nuestra sociedad atraviesa diariamente y más aún en un contexto como el actual.

Las uniones podrían ser, p. ej., dos o más hermanos o hermanas del mismo o diverso sexo, o parientes, incluso amigos que conviven asistiéndose recíprocamente, aportando uno la vivienda, el otro la jubilación o sus ingresos, proveyendo asistencia espiritual o ayuda en el tratamiento de enfermedades, etc., a veces sin ningún tipo de parentesco ni motivación sexual y que recurren a la convivencia como modo de subsistencia.

Las «convivencias asistenciales» o «pactos de convivencias solidarias» encuentran su principal fundamento en el principio de solidaridad, premisa básica que rige dichas convivencias y que enmarca un conjunto de aspectos que logra relacionar o unir a las personas entre sí, mediando entre ellas un deseo de colaboración y ayuda mutua, motor esencial que promueve y alienta dichas convivencias.

 V.5. Derecho real de habitación del cónyuge/conviviente supérstite (arts. 527 y 2383, Cód. Civ. y Com.)

Otro supuesto que ostenta naturaleza solidaria donde se plasma la intención del legislador de proteger a los económicamente más débiles está dado por el derecho de habitación del cónyuge supérstite que se encuentra regulado por el art. 2383 del Cód. Civ. y Com.

Este derecho real posee un carácter netamente asistencial y procura impedir que el cónyuge supérstite quede sin habitación al producirse el fallecimiento de su consorte en virtud de su concurrencia con otros herederos con quien debe compartir el inmueble, los que, en la mayoría de los casos, exigen su venta para percibir su alícuota quedando el cónyuge supérstite sin habitación (33).

Por otra parte, es dable destacar que en consonancia con el reconocimiento que hace el nuevo código de las realidades familiares existentes en nuestro ámbito social, el art. 527 del Cód. Civ. y Com. incorporó el instituto del derecho real de habitación del conviviente supérstite, lo que obedece a la necesidad de reconocer la existencia de este tipo familiar, y brindarle protección legal conforme el principio general de solidaridad familiar (34).

 V.6. Mejora a favor de heredero con discapacidad (art. 2448 del Cód. Civ. y Com.)

En sintonía con la tendencia hacia una mayor solidaridad familiar que venimos desarrollando, no puede dejar de mencionarse que una de las características de la evolución del derecho privado de las últimas décadas ha sido la preocupación del legislador por incrementar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En este orden de ideas, aparece de manera innovadora y resulta preciso resaltar, debido a su utilidad, una figura que brinda protección al heredero que se encuentra más vulnerado por su condición de estado de salud.

Esta figura ha sido una creación intelectual del profesor Marcos Córdoba, al reconocer naturaleza asistencial a la institución sucesoria, reconociendo útil y conveniente escuchar el reclamo que sostiene la necesidad de crear normas jurídicas exigibles que atiendan a los discapacitados y a las instituciones de protección en todos los ámbitos y, va de suyo, también en el sucesorio, ya que han estado en gran parte olvidados (35).

Fue así que se presentó al H. Senado de la Nación un proyecto de ley proponiendo la sanción de una mejora estricta a favor de ascendientes o descendientes discapacitados, alzándose en antecedente inmediato del art. 2448 del Cód. Civ. y Com., solo que la mejora estricta se fijó en un tercio de las porciones legítimas (36).

Se trata de una disposición novedosa con fundamento en la solidaridad familiar que contempla el supuesto de una mejora especial a favor del heredero legitimario discapacitado (37).

De tal modo, ejerciendo el derecho que le acuerda el art. 2448 del Cód. Civ. y Com., el causante puede disponer por el medio que estime más conveniente —lo que incluye la figura del fideicomiso— además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes y ascendientes con discapacidad. La norma también estipula que a esos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

En el caso de que el beneficiario sea descendiente el testador puede disponer que reciba su cuota de legítima según las concurrencias, más un tercio de libre disponibilidad ya que ello condiciona a que pueda recibir la mejora estricta que va a ser de un tercio (1/3) de dos tercios (2/3). Esto, siempre y cuando no concurra con otro discapacitado en cuyo caso participaran de las mejoras.

Debe destacarse que del análisis gramatical del artículo surge que para que reciba el tercio de mejora estricta de carácter asistencial debe también recibir el tercio de libre disponibilidad. Ello cuando se trate de descendientes (38).

En el supuesto de que se trate de ascendientes recibirán su cuota de legítima según las concurrencias más un medio (1/2) de porción disponible, más un tercio (1/3) de un medio (1/2).

Este nuevo instituto sucesorio tiene un carácter asistencial fundado en la solidaridad familiar, consecuencia necesaria de la tendencia del derecho argentino hacia una exaltación de ese valor superior en el que venimos insistiendo y que en la actualidad, en el contexto sanitario que atravesamos, reclama más que nunca una profunda atención y protección.

VI. A modo de conclusión

En situaciones normales siempre el derecho se construye entre todos los operadores jurídicos intervinientes a través de su contribución profesional. Con mayor razón aun en situaciones de emergencia como la que estamos transitando.

El derecho es siempre algo que se debe realizar, no es algo ya realizado. Es algo que todavía no es. Es futurible, que se hará o no. El derecho es operable, que ha de ponerse en la existencia. Es, por consiguiente, una decisión jurídica a tomar en una situación, en un caso (39).

Nos encontramos ante una nueva realidad impensada, sin antecedentes y a consecuencia de la cual han surgido nuevos sujetos débiles a los cuales el juzgador deberá contemplar en sus decisiones aplicando, al impartir justicia, los principios de buena fe y solidaridad jurídica.

En todas las cuestiones civiles —más aun en las de familia—, y en un contexto de emergencia como el que estamos transitando por sobre el valor de las reglas y/o las normas concretas deben darse preeminencia a los principios y a los valores específicos (art. 2º del Cód. Civ. y Com.). Los jueces deberán utilizar las facultades que las leyes les confieren para la resolución de los conflictos teniendo en consideración las particulares características de la situación de pandemia y contemplando los derechos de los más vulnerables.

Por último, resultan sumamente atinadas por su vigencia y actualidad las palabras iniciales plasmadas en el Tratado de la buena fe en el derecho dirigido por el Dr. Marcos M. Córdoba, que por su claridad y precisión es inevitable transcribir: «Existen principios generales del derecho que en ninguna circunstancia admiten restricción, y es en este orden de ideas que reconocemos como principio rector de los principios generales del derecho al de la buena fe. No existe conmoción interior o ataque exterior capaz de justificar la suspensión del reconocimiento de tal principio. Recordé, entonces, el pensamiento de Jorge Alterini en cuanto expone que si el derecho debiera expresarse en una sola norma, la formulación que tendría mayor riqueza sería la que impusiera a las personas comportarse de buena fe» (40).

A lo que ahora bien podría agregarse, en el afán de mitigar las consecuencias adversas del penoso contexto que atravesamos: …y de manera solidaria.

 (*) Jueza Nacional en lo Civil. Profesora adjunta regular de Derecho de Familia y Sucesiones (Facultad de Derecho, UBA).

 (1) Congreso de Institutos de Derechos de Familia de Colegios de Abogados: «El Derecho en la pospandemia», organizado por la Universidad Abierta Interamericana y celebrado los días 2 y 3 de septiembre de 2020.

 (2) CÓRDOBA, Marcos M., «Solidaridad jurídica», LA LEY del 16/10/2019, cita online: AR/DOC/3312/2019.

 (3) RUSSO, Eduardo Á., «Colección de Análisis jurisprudencial. Teoría general del derecho», La Ley, p. 32.

 (4) CS, 27/12/1999, «Peralta, Luis A. y otro c. Estado Nacional», LA LEY 1991-C, 158.

 (5) ARCOS VALCÁRCEL, Sandra S., «Contratos turísticos y COVID-19: principios generales para la adecuada renegociación de los contratos de prestaciones turísticas. Una mirada superadora», cita online: AR/DOC/1155/2020.

 (6) LAJE, Alejandro, «El principio de solidaridad jurídica en época del COVID-19», LA LEY del 27/04/2020, cita online: AR/DOC/1075/2020.

 (7) CÓRDOBA, Marcos M., «Solidaridad jurídica», ob. cit.

 (8) SALGADO, José M., «Derecho Real de habitación del cónyuge supérstite», Proceso Sucesorio, 2018-1, Rubinzal Culzoni, p. 185.

 (9) CASSAGNE, Juan Carlos, «Reflexiones sobre el papel del Estado y del derecho en las situaciones de necesidad y emergencia», ED, nro. 6, junio 2020, cita digital: ED-CMXXI-422.

 (10) CASSAGNE, Juan Carlos, «Reflexiones…», ob. cit.

 (11) CS, 02/11/1989, ED 136-246, del voto en disidencia del Dr. Petracchi.

 (12) LAJE, Alejandro, «El principio…», ob. cit.

 (13) CÓRDOBA, Marcos M., «La solidaridad es un principio general aún no positivizado en el Derecho Argentino», SJA del 01/06/2016, 1; JA 2016-II.

 (14) LAJE, Alejandro, «El principio…», ob. cit.

 (15) LAJE, Alejandro, «El principio…», ob. cit.

 (16) La Constitución Nacional de la República Argentina establece en su art. 19: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados».

 (17) CÓRDOBA, Marcos M., «La solidaridad…», ob. cit.

 (18) CSJ Santa Fe, 26/07/1999, «Abalos, Benjamín y otros», voto del Dr. Ulla.

 (19) LOMBARDI, Giorgio M., «Contributo allo studio dei doveri constituzionali», Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1967, p. 68.

 (20) CASSAGNE, Juan Carlos, «Reflexiones…», ob. cit.

 (21) CÓRDOBA, Marcos M., «Solidaridad jurídica», ob. cit.

 (22) QUAGLIA, Marcelo C. – RASCHETTI, Franco, «Herramientas jurídicas para la pandemia y la pospandemia: La renegociación del contrato», LA LEY del 06/07/2020, cita online: AR/DOC/1829/2020.

 (23) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., «Pandemia, normativa y el regreso a los principios», JA del 20/05/2020, cita online: AR/DOC/1373/2020.

 (24) SOZZO, Gonzalo, «Los jueces frente a los conflictos contractuales derivados de la pandemia», cita: RC D 2987/2020.

 (25) PIEDECASAS, Miguel A., «El contrato de seguro frente a la pandemia», Cita RC D 3007/2020.

 (26) MEDINA, Graciela, «Familia y coronavirus», cita: RC D 3067/2020.

 (27) MEDINA, Graciela, «Familia y coronavirus», ob. cit.

 (28) MILLÁN, Fernando, «El principio de solidaridad familiar como mejora a favor del heredero con discapacidad», http://millanfernando.blogspot.com.ar/2012/07/el-principio-de-solidaridad-familiar.html.

 (29) MICELI, Marina A., «Pietas y solidaridad familiar en el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina: La mejora a favor del heredero con discapacidad», Fundamentos del Derecho Sucesorio Actual, Colegio Notarial de Cataluña, Marcial Pons, Barcelona, 2018, ps. 461-473.

 (30) VENINI, Guillermina, «Alimentos derivados del parentesco: Derecho de alimentos de adultos mayores», RDF 95, 06/07/2020, cita online AR/DOC/1831/2020.

 (31) La figura de Pactos de Convivencia Solidaria refleja los lineamientos del Dr. Marcos Córdoba, generador del proyecto legislativo presentado en la Cámara de Senadores de la Nación.

 (32) CALLEGARI, Mariana G. – CAVA, Sergio W. – DEL CASTILLO, Juan Manuel – LANDOLFI, Lorena – MARELLI, Sandra – MUSICH, Máximo – POMBO, Lucila – RIZZO, María A., «Pactos de Convivencias Asistenciales o Solidarias», DFyP 2020 (junio), 17/06/2020, cita online: AR/DOC/582/2020.

 (33) ZANNONI, Eduardo, «Manual de derecho de las sucesiones», Astrea, p. 288.

 (34) CALLEGARI, Mariana G. – ORDÓÑEZ, María V., «El derecho real de habitación del cónyuge y del conviviente. Aplicación temporal de la norma», LA LEY del 02/06/2017, cita online: AR/DOC/1460/2017.

 (35) MILLÁN, Fernando, «El principio de solidaridad familiar…», ob. cit.

 (36) CÓRDOBA, Marcos M., «Derecho sucesorio. Normas jurídicas que atiendan a los discapacitados», LA LEY 2011-B, 872., citado en ALTERINI, Jorge H. (dir. gral.), «Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético», t. XI, ps. 580 y ss.

 (37) FERRER, Francisco A. M., «Discapacidad y derecho sucesorio en el Proyecto de Código», LLBA del 25/10/2012.

 (38) CÓRDOBA Marcos M., «Sucesiones», Rubinzal Culzoni-Eudeba, 2016, ps. 356 y ss.

 (39) BOGGIANO, Antonio, «La magia del derecho en tiempos de virus», LA LEY del 01/09/2020, cita online: AR/DOC/2505/2020.

 (40) CÓRDOBA, Marcos M. (dir.), «Tratado de la buena fe en el derecho», La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II.

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