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Jurisprudencia. Información sumaria. Rectificación de la partida de nacimiento. Improcedencia.

“B., L. M. c/ EN-M INTERIOR OP Y V s/INFORMACIONSUMARIA”Juzgado 7 Sala G Expte. 48756/2018/CA1Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019.- IBVISTOS Y CONSIDERANDO:I.- Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal envirtud de los recursos de apelación interpuestos por la Dirección deAsuntos Judiciales dependiente de la Dirección General TécnicaJurídica de la Dirección Nacional del Registro Nacional de lasPersonas y la Procuración General del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires contra la resolución de fs. 52/57, mediante la cual laJuez de grado aprobó la presente información sumaria ordenando alRegistro del Estado Civil y Capacidad de las personas la rectificaciónregistral en la partida de nacimiento de la peticionaria en el sentido deque, en el campo reservado para sexo se consigne “femeneidadtravesti” en lugar de “femenino”, se informe al Registro Nacional delas Personas a los fines de la emisión de un nuevo documentonacional de identidad para la persona interesada y, por último, hizosaber al Registro del estado civil y capacidad de las personas que, enlo sucesivo, las solicitudes como la del presente caso deberánrealizarse en ese órgano administrativo, a cuyo efecto deberá ponersea disposición una multiplicidad de marcadores como opciones degénero.Los recursos fueron fundados con los memorialespresentados a fs. 82/95 por el ReNaPeR y a fs. 96/102 por laProcuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,cuyos traslados contestó la parte actora a fs. 103/119 y 120/128,habiéndose integrado la cuestión con el Fiscal de Cámara, quienmediante el dictamen de fs. 131/143 propició revocar el decisorio en cuestión. Luego, se admitió la agregación de la documental invocadapor la actora a fs. 158 y 200/202.II.- En primer lugar, corresponde señalar que la ley26.743 de identidad de género, vigente desde el año 2012, en el art. 1º“… reconoce a toda persona el derecho al reconocimiento de suidentidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a suidentidad de género; a ser tratada de acuerdo con su identidad degénero y, en particular, a ser identificada de ese modo en losinstrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s depila, imagen y sexo con los que allí es registrada.”Su artículo 2°, define a la identidad de género como “…lavivencia interna e individual del género tal como cada persona lasiente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado almomento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la funcióncorporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otraíndole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluyeotras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar ylos modales”. (conf. art 2).En cuanto al ejercicio del derecho, el art. 3 dispone que:“… toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y elcambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con suidentidad de género autopercibida…”.Asimismo, el artículo 8 de la citada ley establece que unavez realizada la rectificación registral,… “sólo podrá ser nuevamentemodificada con autorización judicial.”La primera fuente de interpretación de las leyes es suletra y, cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debeser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones queexcedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en lanorma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga aprescindir de ella (Fallos: 341:1443, 1322, 1268; 339:434, entre otros;ver asimismo art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación).La inconsecuencia o falta de previsión del legislador nose suponen, por lo cual las leyes deben interpretarse conforme elsentido propio de las palabras, computando que los términosutilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algúnpropósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos, siendo laprimera fuente de interpretación de la leyes su letra, sin que seaadmisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues laexégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de suespíritu (Fallos: 341:1460; 338:488).A la luz de lo expuesto se advierte que de la lectura de laley no surge la posibilidad de la rectificación solicitada toda vez quela norma sólo hace referencia a la rectificación registral del sexo,término utilizado para denominar la condición femenina o masculina(ver Diccionario de la Lengua Española).Como sostiene el Fiscal de Cámara, la ley no haceninguna mención a la registración de opciones múltiples de género niintroduce otros marcadores que no sean los mencionados.Si la ley emplea determinados términos, la regla deinterpretación más segura es la de que esos términos no sonsuperfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, talcomo ya se dijo, por cuanto, en definitiva, la misión de los jueces esdar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador nijuzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposicionesadoptadas por aquél en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos:338:779; 329:5621; 327:2423).Ha de recordarse, desde esta perspectiva, que los juecesdeben aplicar la norma tal como el legislador la concibió; las leyesdeben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico, máxime cuando aquélconcuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y latécnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (cf. Fallos:338:386; 320:1962; 316:2561). Lo cual cobra especial relevanciacuando se trata de interpretar una ley de reciente sanción, como en elcaso.Y este también es el sentido dado a la registración delsexo de los recién nacidos en los arts. 33 y 36 de la ley 26.413 deRegistro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuyo art. 13ordena que “no podrán consignarse en las inscripciones enunciacionesimprocedentes o que deban declararse con arreglo a la ley” (verasimismo art. 6 de la ley 24.540).De igual modo, el artículo 96 del Código Civil yComercial de la Nación, sancionado con posterioridad a la ley 26.743,dispone que el nacimiento ocurrido en la República, suscircunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación delas personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil.Este entendimiento de la ley debió haber sido incluso eldado en su momento por la propia requirente al solicitar o consentiren el año 2012 la modificación de la registración de su sexo, demasculino a femenino, junto con la de su nombre.Expresa Graciela Medina que la identidad de género es laconciencia que se adquiere de la igualdad, la unidad y la persistenciade la individualidad como varón o mujer y que esta ley está destinadaa solucionar el problema de aquellas personas transgénero paraadecuar su identidad de género masculino o femenino, pero no incluyela posibilidad del tercer género o del travestismo (“Ley de identidadde género. Aspectos relevantes”, en La Ley 2012-A, 770).Por otro lado, corresponde recordar que la voluntad dellegislador fue la de resguardar la confidencialidad en lasrectificaciones de género (conforme lo expresa en el art. 6° de la ley 26.743), ordenando se expida una nueva partida de nacimiento y unnuevo documento de identidad, prohibiendo cualquier referencia a laley a fin de que de la lectura de aquéllos no pueda advertirse laadecuación de su género, lo que permite inferir que no fue suintención prever que se consignaran en el registro del sexo otros queno fueran el masculino y el femenino, seguramente con el propósitode atender una situación de vulnerabilidad.Idéntica intención de resguardar la confidencialidad seobserva en el punto 135 de la Opinión Consultiva OC-24/17 de laCorte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de2017, cuando indica que “la publicidad no deseada sobre un cambiode identidad de género, consumado o en trámite, puede poner a lapersona solicitante en una situación de mayor vulnerabilidad adiversos actos de discriminación en su contra, en su honor o en sureputación y a la postre puede significar un obstáculo mayor para elejercicio de otros derechos humanos. En ese sentido, tanto losprocedimientos, como las rectificaciones realizadas a los registros ylos documentos de identidad de conformidad con la identidad degénero auto-percibida, no deben ser de acceso público, ni tampocodeben figurar en el mismo documento de identidad”.Es preciso poner de manifiesto que en el caso no se hacuestionado la constitucionalidad de la ley y se recuerda, además, quela declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativoconstituye la más delicada de las funciones susceptibles deencomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto desuma gravedad que debe ser considerado como la última ratio delorden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ello sino cuando unaestricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de unasolución adecuada del juicio, a la que cabe acudir en primer lugar(Fallos: 342:685; 341:1675; 430:1581, entre otros). Destaca el Fiscal de Cámara que la mencionada OpiniónConsultiva no contiene ningún pronunciamiento que cuestione laopción de los Estados de mantener el denominado sistema binario,aun cuando quisiera entenderse que efectúa una consideración críticaal definirlo en el glosario inicial como que tal sistema o modeloexcluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías.Lejos de criticar la ley argentina, esta Opinión Consultivase refiere a ella, como ejemplo, en los números 139, 143, 148 y 156 yen las notas 251, 263, 269, 275, 295, 304, 314 y 334.La Corte Suprema ha reconocido a la división de poderescomo un principio fundamental de nuestro sistema político, y haexpresado en forma reiterada que la misión más delicada de la justiciade la Nación es la de saberse mantener dentro de la órbita de sujurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumbe a los otrospoderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por laley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, de ahíque un avance de este poder menoscabando las facultades de losdemás poderes revestiría la mayor gravedad para la armoníaconstitucional y el orden público (Fallos: 341:1511; 329:1675;328:3573; 326:2004; 321:1187, entre otros).El ingente papel que en la interpretación ysistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a losjueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, siendo lamisión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro delámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que leincumben a los otros poderes, por lo cual el principio de su divisiónno consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuestopor la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos:338:488; 319:2617; 317:1505; 316:2732, 314:1849, entre otros).Más aún si se repara en que la modificación del sistemade registración debería tener en cuenta su repercusión en distintos ámbitos como el laboral, previsional, electoral, penitenciario yregistral, entre otros, lo cual excede en mucho la presente informaciónsumaria.Por lo antes expuesto, después de haber examinado losargumentos conducentes, de conformidad con el Fiscal de Cámara, SERESUELVE: I.- Revocar el decisorio de fs. 52/57 y rechazar lapresente información sumaria, con costas en el orden causado, enatención a la condición de la intervención de los órganos estatales y ala naturaleza del reclamo (arts. 68 del CPCCN). II.- Los honorariosdevengados en esta instancia se regularán en su oportunidad. III.-Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes en sus respectivosdomicilios electrónicos (conf. ley 26.685 y Acordadas 31/11 y 38/13de la CSJN) y a la Fiscalía de Cámara en su despacho. Fecho,cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de laNación y devuélvase.-Carlos A. Bellucci Gastón M. Polo Olivera Carlos A. Carranza Casares.

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