0

JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA DE LA C脕MARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINER脥A DE SAN JUAN

IMG_6036

En la Ciudad de San Juan, a聽聽 26聽聽 d铆as del mes de abril del a帽o dos mil dieciocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA C脕MARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINER脥A DE SAN JUAN, el se帽or Presidente, Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, y los se帽ores Vocales, Dres. JUAN JOS脡 V.IA y GILBERTO AM脡RICO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelaci贸n que se interpusiera a fs. 92 de los autos N掳 22.427 (N掳聽 154984 – 8掳 CIVIL), caratulados: “B., M. M. Y H. Q., Z. P. C/ A., V. E. Y F. HNOS. S.R.L. S/ Ordinario”, contra la resoluci贸n dictada el veintid贸s de noviembre del聽 a帽o dos mil diecis茅is, en estos autos originarios del Octavo Juzgado Civil, Comercial y Miner铆a de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciaci贸n. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1掳 Cuesti贸n: 驴Es聽 adecuada a derecho la resoluci贸n venida en recurso?

2掳 Cuesti贸n: En su caso; 驴qu茅 pronunciamiento corresponde en definitiva?

A la Primer Cuesti贸n: El Dr. GILBERTO RIVEROS dijo:

En la resoluci贸n venida en apelaci贸n el juez aquo rechaza la excepci贸n de falta de legitimaci贸n activa interpuesta por la demandada que entendi贸 que no demanda quien, seg煤n el art. 677 del C.C.y C., tiene capacidad para ello; sin que los comparecientes -que dijeron ser sus padres- la tuvieran.

Para as铆 resolver el Juez consider贸, a m谩s del concepto de responsabilidad parental, que los progenitores se presentan e interponen demanda en representaci贸n de su hija menor. Que el art铆culo 677 del C.C. y C.N.聽 establece, por aplicaci贸n del principio de capacidad progresiva, una serie de supuestos en los que el hijo puede actuar judicialmente por s铆, sin autorizaci贸n de los progenitores; y que se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonom铆a para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera aut贸noma con asistencia letrada. Que dicha previsi贸n se trata de una facultad otorgada al menor adolescente y no de una obligaci贸n, por lo que concluye que los padres de la menor tienen legitimaci贸n para actuar en defensa de los derechos de su hija sin que sea obligatoria la participaci贸n de 茅sta, resultando suficiente el Poder General que obra en autos para legitimar su intervenci贸n.

Tambi茅n impuso costas al demandado, y regul贸 honorarios a los profesionales intervinientes.

Contra dicha resoluci贸n se alza el demandado agravi谩ndose (seg煤n fs. 96/100) e insistiendo en que la demanda no fue suscripta por la Srta. B., 煤nica titular de la acci贸n resarcitoria.

Aduce que yerra el juez al rechazar la excepci贸n planteada, ya que el C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n reconoce la capacidad progresiva de la persona menor de edad; que se聽 ve reforzada聽 a partir del consentimiento expreso que se requiere en todo acto que la involucre seg煤n lo previsto por el art. 645 煤ltimo p谩rrafo.

Que el principio se帽alado se complementa con las disposiciones del art. 678 del mismo C贸digo que establece que si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acci贸n civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada. Que el menor, a medida que se aproxima a la mayor铆a de edad goza de una presunci贸n iuris tantum de legitimaci贸n procesal, debiendo actuar personalmente.

A帽ade que la Srta. B. al tiempo de deducir la demanda ten铆a 16 a帽os, que circulaba un potente motociclo, y que no se acredit贸 ni se esgrimi贸 en autos,聽 al promover la demanda ni al contestar la excepci贸n, la falta de aptitud o de madurez suficiente de la menor adolescente que le impidiera comprender la entidad del reclamo civil.

Entiende, que la participaci贸n de la menor adolescente, es indispensable y obligatoria.

Como segundo agravio, cuestiona la imposici贸n de costas, y solicita sean cargadas a la actora.

El Dr. Carlos Cocco, por su mandante apela los honorarios regulados por altos; y por derecho propio, por bajos los regulados a su favor.

Los agravios son replicados a fs. 105, expresando que la menor opt贸 por intervenir en la causa conjuntamente con los padres.

La causa es adjudicada a estudio a fs. 131.

Tratamiento de los agravios:

Planteado de este modo el recurso observo que el quejoso pide se resuelva la excepci贸n planteada por ser manifiesta; y聽 a su vez, que聽 se haga lugar a la misma y se ordene el archivo de las actuaciones.

En cuanto a la oportunidad de resolver la defensa como previa, entiendo que las circunstancias sobre las que cabe decidir, y apuntadas por el excepcionante -como es la edad de la menor, la invocaci贸n de representaci贸n de los comparecientes y la calidad de padres (m谩s all谩 del desconocimiento que formulara la incidentista)- no聽 van a聽 modificarse con el transcurrir del proceso, lo cual hace innecesario diferir el pronunciamiento.

Sentado ello observo que el juez a-quo, en su fallo, no ha desconocido los mandatos legales, ni la presunci贸n de autonom铆a que el art. 677 del C贸d. Civil y Comercial, en su segundo p谩rrafo, acuerda a los menores adolescentes para聽 intervenir por si en el proceso; pero concluye que se trata de una facultad que, al聽 no ser ejercida, valida la concurrencia de los progenitores en representaci贸n y defensa de los derechos de su hija.

Al analizar la resoluci贸n apelada, desde la mirada cr铆tica del apelante, veo que la demanda, si bien es instaurada por los Sres. M. M. B. y Z. P. H., no contiene un reclamo para s铆, sino que los nombrados dijeron que聽 “act煤an en nombre y representaci贸n de su hija menor …” (fs. 08), con lo cual pierde virtualidad el acuse de falta de legitimaci贸n activa, entendida como el reconocimiento de la ley a la titularidad del inter茅s que es materia del litigio; y que constituye el presupuesto esencial para la admisi贸n de la acci贸n o petici贸n de que se trate.

Queda como tema central saber si los concurrentes carecen de聽 representaci贸n para estar en juicio, ante la ausencia de H. M. B. -menor de edad adolescente- seg煤n la clasificaci贸n contenida en el art. 25, ibid.

En la articulaci贸n que nos ocupa, no escapa que el quejoso ha utilizado dos argumentos para sostener la defensa como es, por un lado, el desconocimiento de la calidad de padres de los demandantes, con relaci贸n a la menor part铆cipe del accidente;聽y por otro, la validez de la representaci贸n de los comparecientes para defender los intereses de aquella en juicio.

La primer articulaci贸n -ausencia de prueba de la vinculaci贸n parental-聽 se ve reflejada al desconocerla al tiempo de contestar demanda (fs. 60) y reiterarla (fs. 97), al oponerse a la prueba informativa al Reg. Civil para que acompa帽e copia de la partida de nacimiento, y al recurrir el decreto que dispon铆a la agregaci贸n de ella.

Esta formulaci贸n constituye una situaci贸n de hecho, previa, cuya decisi贸n habilitar谩 continuar discurriendo y meritar sobre el ejercicio de la representaci贸n legal.

Esto, porque si se concluye que no existe esa relaci贸n, es vacuo ocuparse del alcance de la eventual capacidad de representaci贸n que pod铆a generar.

Para despejar el primer planteo, destaco que el art. 49 del C.P.C. prev茅 que los “padres que comparezcan en representaci贸n de sus hijos no tendr谩n la obligaci贸n de presentar las partidas correspondientes salvo que el juez, a petici贸n de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas …”.

De esta norma -que conforma una excepci贸n al r茅gimen de “justificaci贸n de la personer铆a”, y al de acompa帽ar documentos- resulta que la ley brinda una licencia a quienes invoquen calidad de progenitores, que va a cesar ante un acto espec铆fico como es el emplazamiento por parte del Juez.

Entonces, en el caso, va a ser determinante dos elementos de an谩lisis; uno, la norma legal, otro la actitud de los sujetos del proceso.

Conjugado ambos, encuentro que seg煤n el art. 49 ya citado los padres no ten铆an la obligaci贸n de presentar las partidas correspondientes, con lo cual -en principio- no deb铆an soportar ninguna consecuencia negativa por no cumplir una carga que la ley no les exig铆a.

Sigue a ello el comportamiento de los sujetos del proceso, y observo que el emplazamiento, por parte del Juez, tampoco se ha producido; ni han ocurrido las circunstancias para motivarlo, esto es que la parte demandada no hizo una petici贸n en ese sentido ni el juez, de oficio, lo ha formulado.

Por ende, no estando legalmente obligados a acreditar el v铆nculo quienes han concurrido en car谩cter de padres,聽 ni habi茅ndose dado la condici贸n necesaria para que se produzca el emplazamiento de parte del juez, no es trascendente el hecho que los concurrentes no hayan acompa帽ado a autos la partida de nacimiento acreditativa de la relaci贸n parental.

No empece a esta soluci贸n la actitud de los iniciadores del proceso quienes espont谩neamente quieren demostrar su condici贸n a fs. 105, con las piezas de fs. 102, 103 y 104; y que ante la oposici贸n del demandado el juez a-quo dispuso el desglose de esa documentaci贸n, el 28-08-17, decisi贸n que fuera consentida por los iniciadores del proceso. Ello porque no resultaba de norma alguna, sea legal (art. 49 C.P.C.) o jurisdiccional聽 (emplazamiento), la carga de probar la relaci贸n familiar.

Ingresando a tratar el agravio referido a la capacidad de representaci贸n de los padres para estar en juicio por la hija menor de edad -adolescente-, entiendo que聽 no es atendible.

Ello as铆, en primer lugar, porque una interpretaci贸n sist茅mica del complejo normativo sostiene la soluci贸n que propongo, y que parte de conciliar el mandato del art. 646 del C贸digo Civil y Comercial, que categoriza como un deber de los progenitores representar al hijo; y por otro el del art. 639 ibis, al prever los principios que rige la responsabilidad parental y contemplar, en primer lugar, el inter茅s superior del ni帽o, en concordancia con lo prescripto por la 鈥淐onvenci贸n de los Derechos del Ni帽o鈥 y la 鈥淐onvenci贸n Americana de los Derechos Humanos鈥, las cuales consagran este principio; de aplicaci贸n a todo menor de 18 a帽os de edad.

Esta 煤ltima聽 previsi贸n va a constituir, a mi entender, la pauta valorativa que guiar谩 la soluci贸n acorde a esa preocupaci贸n del legislador.

En este orden de ideas advierto tambi茅n que el art. 26 del C贸digo citado fija un principio general, sobre el ejercicio de los derechos de聽 la persona menor de edad, al decir que ser谩 a trav茅s de sus representantes; y a la vez que establece la alternativa o excepci贸n consistente en que ” … no obstante, la (persona) que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por s铆 los actos que le son permitidos por el ordenamiento jur铆dico ..”.

Ahora bien, frente a este cuadro normativo entiendo que el mandato del art. 677, referido a la capacidad para estar en juicio del menor de edad, establece dos situaciones, como es el poder de los padres de representarlo en el proceso, y la autonom铆a de 茅stos para actuar en juicio. Ambas situaciones -conjugadas conforme a los principios y deberes aludidos en p谩rrafos anteriores- no pueden ser incompatibles ni excluyentes.

Es as铆 porque en esta 煤ltima norma vemos, en su parte inicial el “poder” de los聽 padres, en correlaci贸n con el “deber”, estatuido en el art. 646 ibid,聽 para representar al hijo y demandar por ellos, sin distinci贸n de edad.

Y en cuanto a la capacidad de 茅stos, cuando son adolescentes, al decir que ” …聽 cuenta con suficiente autonom铆a para intervenir en un proceso …” constituye una “presunci贸n”, de hecho, suceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario. Y si as铆 ocurre, carecer谩 el menor de capacidad para estar en juicio.

De tal suerte que si entendiera que s贸lo es el menor adolescente quien puede concurrir a juicio en defensa de sus intereses (sea con sus padres o con asistencia letrada), en el supuesto que carezca de autonom铆a se lo estar铆a privando de acceder a la justicia; o se le exigir铆a a los progenitores -que quieren ejercer la representaci贸n- un聽 proceso previo para determinar que su hijo no tiene aquella “autonom铆a”.

Ambas situaciones contrar铆an los intereses del menor, pues en el primer caso no podr铆a promover demanda, o la iniciaci贸n del juicio estar铆a sometida al riesgo de una defensa de falta de capacidad; y en el otro, tendr铆a que asumir un costo -no justificado- como es que los padres deber铆an demostrar previamente la carencia de autonom铆a del menor que los habilitar铆a a representarlo. Tales situaciones aparecen re帽idas con la protecci贸n de los intereses del menor.

Por tanto considero que la presunci贸n de autonom铆a que contempla el art. 677 del C.C.y C. en su 2掳 p谩rrafo, de los menores adolescentes, no excluye ni invalida la iniciativa de representaci贸n de los progenitores para actuar en juicio en defensa de los聽 intereses del menor.

Dicha interpretaci贸n salvaguarda el cumplimiento del deber de los progenitores, y a su vez coincide con la protecci贸n del inter茅s superior del ni帽o (primer principio del art. 639 ibid).

Pero adem谩s advierto que ha comparecido la Srta. H. M. B., con asistencia letrada, seg煤n se lee a fs. 104, y ha ratificado la actuaci贸n de los iniciadores, lo que as铆 ha sido tenido por el Juez a-quo en prove铆do de fecha 24-04-17 (fs. 106) que, pese a que no fue consentido a fs. 108, la decisi贸n no fue modificada por la聽 resoluci贸n de fecha聽 28 de agosto del 2.017.

De ello que la pretensora ha concurrido en los t茅rminos del art. 677, 2掳 parte del CCyC. y ha ratificado lo actuado por los Sres. M. M. B. y Z. P. H.. Con lo cual, si聽 hab铆a un vicio en la presentaci贸n inicial, ha devenido intrascendente por esta concurrencia y decisi贸n de la menor.

Respecto el segundo de los agravios cabe las siguientes consideraciones.

En vista de la conclusi贸n a la que se arriba al tratar la primer queja, debe mantenerse la imposici贸n de costas a cargo de la demandada por su condici贸n de vencida.

En cuanto a los honorarios entiendo que, conforme al resultado al que se arriba los fijados para las actuaciones de primera instancia son adecuados a derecho, por lo que debe rechazarse la objeci贸n de que son altos, formulada por la demandada; como as铆 la queja del Dr. Carlos Cocco por entenderlos bajos.

Por todo ello voto por el rechazo de las apelaciones, con costas al apelante. Regular los honorarios de segunda instancia en el 30% de los fijados en primera instancia.

El Dr. PASCUAL ALFERILLO, por sus fundamentos, dijo:

En general adhiero a la soluci贸n propuesta por el se帽or magistrado que me ha precedido en la votaci贸n con los siguientes detalles aclaratorios.

  1. Atento que el art. 49 de la Ley 988-O, expresamente, autoriza a los padres a comparecer a juicio por sus hijos sin tener la obligaci贸n legal de presentar las partidas correspondientes, cuando pretenden voluntariamente acreditar su condici贸n de tal a fs. 101/104, la oposici贸n realizada por la contraria a la presentaci贸n de la documental no debe ser interpretada como que la misma constituye un pedido de intimaci贸n para que la presente. Por el contrario, queda la situaci贸n reglada por el art. antes citado, raz贸n por la cual corresponde tener a los padres del menor como presentados debidamente en el proceso, dentro de la legalidad.

La indebida lectura del sistema de representaci贸n de los menores en juicio vigente en la jurisdicci贸n, lleva a incurrir en una hermen茅utica inadecuada a la parte contraria y al iudex a quo, cuando orden贸 desglosar y tener por no presentada la documental respaldatoria de la relaci贸n familiar. Ello fue un desgaste jurisdiccional innecesario porque en nada cambia la posici贸n procesal de los padres en juicio por su hijo.

  1. A partir de ello, la ratificaci贸n de lo actuado por sus padres, por la menor B. era innecesario porque eran v谩lidos plenamente. Ella debi贸 simplemente, por su propio derecho integrarse a la parte actora como sujeto directamente interesado en las resultas del juicio, participando del mismo.
  2. Ello es as铆 por cuanto el contenido del art. 677 debe ser interpretado de modo sistem谩tico con el resto del sistema contenido en la Constituci贸n Nacional y en el C贸digo Civil y Comercial. En ese sentido, la directriz se帽era es la protecci贸n de los intereses de los ni帽os consagrados como superiores.

Adem谩s de ello, se debe observar que los arts. 677, 678, 679 y 680 regulan la participaci贸n del menor en los procesos judiciales. En el primero, se reglamenta la participaci贸n de los padres, en forma conjunta o no con los hijos pero en un marco de coincidencias. En cambio, el art. 678 est谩 previsto para casos en los cuales haya oposici贸n de los padres para que inicie el proceso contra un tercero, en cuyo caso resolver谩 el juez.

El otro caso previsto en el art. 679, de igual modo, es de disidencia entre los intereses de los padres con el hijo. Y el 680, es para la participaci贸n del hijo en sede penal.

Como se colige, en el presente caso, es de plena aplicaci贸n el contenido del art. 677 por cuanto los padres actuaron correctamente en el proceso en representaci贸n de su hijo, circunstancia que es corroborada por la presentaci贸n que hace la menor avalando dicha actuaci贸n.

  1. El punto que queda pendiente y por ser una cuesti贸n que debi贸 resolver el a quo, es precisar si la participaci贸n de la menor en el proceso es en forma conjunta con sus padres o de manera aut贸noma. En funci贸n de ello, propongo que se desestime el recurso de apelaci贸n interpuesto con costas a cargo de la demandada.

El DR. JUAN J. V.IA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Dr. Riveros, voto en sentido concordante.

2da. CUESTI脫N: LOS DRES. GILBERTO RIVEROS, PASCUAL ALFERILLO y JUAN V.IA, DIJERON:

En m茅rito a la votaci贸n聽 y fundamentos dados, los se帽ores Jueces de C谩mara acordaron resolver: Rechazar las apelaciones, con costas al apelante. Regular los honorarios de segunda instancia en el 30% de los fijados en primera instancia.

Por ello,

EL TRIBUNAL RESUELVE:

Rechazar las apelaciones, con costas al apelante. Regular los honorarios de segunda instancia en el treinta por ciento (30%) de los fijados en primera instancia.

Protocol铆cese, notif铆quese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

 

PROTOCOLO: L. de A . T掳 I-2018; F掳88/95; FECHA:26 de abril de 2018

DRES.ALFERILLO-V.IA-RIVEROS

Deja un comentario

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada.