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Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN. Medidas sanitarias dispuestas en virtud de la pandemia por COVID 19. Arbitrar los medios necesarios para el efectivo ingreso de los ciudadanos que lo hayan solicitado al territorio de la provincia de Formosa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2020

Autos y Vistos; Considerando:
1°) Que en la presente causa, cuyos antecedentes y
objeto de la pretensión deducida fueron descriptos en el
pronunciamiento de esta Corte del 29 de octubre de 2020, los
actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de
que se ordene a la Provincia de Formosa el inmediato ingreso al
territorio provincial de los ciudadanos que se encuentran
varados y esperando por retornar a sus domicilios y, si por la
falta de infraestructura o condiciones edilicias, no se puede
realizar la cuarentena obligatoria en los centros provinciales
destinados al efecto, se les permita realizarla en sus
domicilios o en hoteles costeados por ellos mismos.

En tal contexto, mediante la decisión ya señalada y
sin pronunciarse respecto de su competencia originaria en la
causa, el Tribunal decidió requerir a la Provincia de Formosa
que informara la cantidad precisa de pedidos de ingreso de
personas al territorio provincial que se presentaron desde la
vigencia del “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de
Personas a la Provincia de Formosa” ─dispuesto por resolución

2/2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-
19─ o de cualquier otra medida o protocolo adoptado en el marco

de la pandemia provocada por la propagación del coronavirus
COVID-19, como así también cuántos de esos pedidos habían sido
admitidos y rechazados, y cuántos otros se encontraban en ese
momento pendientes de autorización, debiendo precisarse la fecha
en que habían sido solicitados y, en el caso de los admitidos,

la fecha en la que se había otorgado la autorización y la del
efectivo ingreso; debiendo en su caso informar si los ingresos
se habilitan al momento de concesión de la autorización o a
fechas diferidas; los criterios aplicados por las autoridades
provinciales para resolverlos, el orden de prelación que se le
asignan a las peticiones y las razones que podrían justificar su
rechazo.

2°) Que el Estado provincial demandado informó: a)
que en el marco del “Programa de Ingreso Ordenado y
Administrado” se habían registrado trece mil trescientos
diecisiete (13.317) personas; b) que el Consejo de Atención
Integral para la Emergencia Covid-19 no rechaza solicitudes de
ingreso; c) que desde la implementación del aludido programa y
hasta el día 30/10/2020 se habían efectivizado un total de cinco
mil setecientos noventa y cinco (5795) ingresos de personas a la
provincia; d) que a esa fecha se registraba la cantidad de siete
mil quinientos veintidós (7522) solicitudes pendientes de
autorización para los ingresos; e) que, de esas solicitudes
pendientes, tres mil seiscientos sesenta y seis (3666)
correspondían a personas que poseen domicilio en la Provincia de
Formosa, y tres mil ochocientos cincuenta y seis (3856) a
personas que registraban su domicilio fuera del territorio
provincial; f) que los permisos se otorgan previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en la resolución n° 2/20 de dicho
Consejo, conforme a las plazas disponibles en los Centros de
Alojamiento Preventivo, a la evolución de la situación

epidemiológica de la provincia, y por aplicación de los
criterios y prioridades previstos en la normativa sanitaria; g)
que, a la fecha informada, la provincia contaba con un total de
mil cuatrocientas cincuenta y cinco (1455) plazas en sus centros
de alojamiento, los que se encontraban ocupados con ingresos
programados para los meses de noviembre y diciembre; h) que
conforme al orden de prioridad, se asigna una fecha de posible
ingreso, supeditando el otorgamiento de la autorización a la
presentación de un test PCR (hisopado nasofaríngeo) con
resultado negativo a coronavirus (covid-19), realizado dentro de
las 72 horas.

Señaló que la citada resolución no 2/20 del Consejo
de Atención Integral para la Emergencia Covid-19, del 21 de
abril de 2020, establece el siguiente orden de prelación: A.-
Personas que solicitan su retorno desde otros países. B.-
Personas que solicitan su retorno desde otras provincias.

Destacó que el desarrollo del “Programa de Ingreso
Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa”,
se sujeta a los siguientes Criterios Generales:

a) Cantidad de plazas disponibles en los Centros de
Alojamiento Preventivo (CAP) habilitados por el Consejo de
Atención Integral de la Emergencia COVID19.

b) Lugar de procedencia de las personas y riesgo viral.

c) Optimización de la relación capacidad-demanda del
Centro de Alojamiento Preventivo ─evaluación que se practica en
relación a los lugares de procedencia de las personas y su
riesgo viral, cantidad de solicitudes y capacidad del Centro de
Alojamiento Preventivo─.

d) Aceptación de las condiciones establecidas para el

ingreso de personas a la Provincia de Formosa.

e) Aceptación de la fecha comunicada para el Ingreso.
Explicó que también se realiza un análisis y
clasificación de las solicitudes de retorno, gestionadas por el
sitio web www.formosa.gob.ar/coronavirus, para la determinación
del orden de prioridad, las que se autorizan siguiendo el
siguiente orden de prioridades:

a) Fecha de gestión de la solicitud de retorno:
otorga prioridad de orden a aquellas que poseen mayor antigüedad
en la gestión de la solicitud.

b) Domicilio: otorga prioridad a las personas que
posean domicilio real y efectivo en la Provincia de Formosa,
asentado en el Registro Nacional de las Personas.

c) Razones o motivos por los que la persona se
encuentra fuera de la provincia. Establecida la prioridad por
fecha de gestión, y acreditado el domicilio o residencia
efectiva en la provincia ─conforme los ítems a y b, enunciados
precedentemente─, el orden para el tratamiento de las solicitudes de autorización para retornar a la provincia, se
establece a su vez, conforme los siguientes motivos:

c.1.- Salud: se refiere a aquellas personas que hayan
requerido atención o prácticas médicas en centros sanitarios
ubicados fuera de la Provincia de Formosa;

c.2.- Educación: se refiere a aquellas personas con
residencia familiar real y efectiva en la provincia, que se
encuentren en otra provincia con motivo de estudios terciarios,
universitarios o de Post-grado;

c.3.- Atención a Familiar: se refiere a aquellas
personas que acrediten fehacientemente que se encuentran fuera
del territorio provincial para prestar asistencia o atenciones a
un familiar por razones de salud;

c.4.- Trabajo: I. En primer orden, se refiere a
aquellas personas que acrediten suficientemente una relación
laboral o de servicios que deba cumplirse en la Provincia de
Formosa, a quienes se asigna prioridad sobre las indicadas en el
punto siguiente; II. Se refiere a las personas que se encuentran
en otras provincias con motivo de una relación laboral de
carácter temporal.

c.5.- Vacaciones u otros motivos.
Por otro lado, indicó que se han establecido sendos

controles a las personas que ingresan a su territorio.

El primero de ellos, en los ingresos habilitados a la
provincia, en el que participan en forma conjunta personal
sanitario y policial, oportunidad en la que se les toma la
temperatura, se les realiza un cuestionario sanitario y el
personal de seguridad procede a la notificación escrita e
individual de cada persona, respecto del Centro de Alojamiento
Preventivo asignado y su aceptación expresa por parte del
interesado, como así también del formulario de aceptación de
deslinde de responsabilidad y del consentimiento previo e
informado de alojamiento preventivo y obligatorio, así como de
la posibilidad de renunciar al cumplimiento de la medida y
retornar a sus lugares de origen.

El segundo control se realiza en la Unidad de Pronta
Atención de Contingencia (UPAC), ubicado en el Hospital de Alta
Complejidad “Juan Domingo Perón”, en el que los profesionales de
la salud realizan a las personas que ingresan un triage con toma
de temperatura y se le formulan preguntas sobre síntomas
compatibles con COVID-19, conforme a los protocolos sanitarios
vigentes y se practica el hisopado nasofaríngeo (test PCR).
En cuanto a los Centros de Alojamiento Preventivo
─por motivos epidemiológicos─ informó que se habilitó un sistema
informático que permite el ingreso durante 48 hs. de todas las
personas que van a realizar el aislamiento. Cumplido dicho
término, el sistema no admite el ingreso de otras personas, de
manera que se garantice que los resultados obtenidos al culminar
la cuarentena sean los mismos.

Añadió que los Centros de Alojamiento Preventivo
demandan que, con carácter previo al alojamiento de las
personas, se lleve adelante la completa desinfección de las
instalaciones y la preparación con todos los elementos y
servicios necesarios para la estadía de las personas que van a
ser alojadas, como también de toda la infografía adecuada para
que tengan permanente conocimiento y observen las medidas
preventivas y de distanciamiento recomendadas para evitar el
contagio de coronavirus COVID-19.

Cumplidos los controles a todas las personas que
ingresan a un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP), se les
entrega un “Kit de Elementos de Protección Personal” que debe
ser utilizado en todo momento ─elementos de higiene personal─, y
se les explica nuevamente las pautas de cuidado, prevención y
manejo que habían sido notificadas y explicadas al ingreso a la
provincia.

Agregó que, a todos los alojados en los Centros de
Alojamiento Preventivo, se les provee de manera gratuita de
todas las comidas diarias, y que cuentan con todos los servicios
básicos e internet (wifi), agua fría y caliente, en cada uno de
los diferentes sectores.

Las recomendaciones y medidas sanitarias que aplica
el personal que asiste a las personas que son alojadas en los
Centros de Alojamiento Preventivo, así como a estas últimas, se
encuentran desarrolladas en los documentos “Protocolo de Prevención del Personal de Servicio en Centros de Alojamiento
Preventivo COVID-19”, y “Protocolo de Prevención para las
Personas Destinadas a Realizar Aislamiento Preventivo y
Obligatorio en Centros de Alojamiento Preventivo”.

Puso de resalto que existen 44 Centros habilitados
para la realización del Aislamiento Preventivo y Obligatorio,
con ─como se adelantó─ una capacidad total de 1455 plazas.

A su vez, la demandada también destacó que, por fuera
de lo que la provincia brinda gratuitamente, las personas que
puedan hacerlo actualmente tienen la posibilidad de ir a hoteles
habilitados, en cuyo caso deberán hacerse cargo del costo de la
estadía en el hotel, la alimentación, los hisopados, la atención
médica y de la consigna policial extra que insoslayablemente
debe haber. Y en todos los supuestos, tanto los destinados a los
centros gratuitos como a los que asuman pagar hoteles, previa
acreditación de PCR negativo.

3°) Que, a modo de síntesis de lo informado por la
Provincia de Formosa ─reseñado ut supra─ en cuanto aquí importa
respecto de lo denunciado por los actores y de la medida
cautelar solicitada, y sin perjuicio de que la provincia no ha
informado las fechas requeridas a ese respecto, corresponde
concluir que, en algo más de seis meses (desde que se dispuso el
sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia, el 21
de abril, y hasta la fecha informada, el 31 de octubre, ambas
del corriente año), han logrado ingresar al territorio formoseño

menos de la mitad de las personas que lo han solicitado
─concretamente, un 43,5% de los pedidos registrados─.

Respecto de las esperas sufridas por las personas
solicitantes de ingreso para retornar a sus domicilios ubicados
dentro de los límites provinciales -períodos durante los cuales
se encontraban en las más variadas situaciones, algunas de ellas
de alta vulnerabilidad─, conforme a la información brindada por
la propia provincia respecto de tres de las personas
individualizadas en el escrito inicial (Manuel Jesús Brito,
Carlos Argentino Soto y Karen Elizabeth Alonso), en algunos
casos se extendieron por cuatro (4) meses.

Por lo demás, habida cuenta de la información
proporcionada a solicitud de esta Corte, esto es la cantidad
total de plazas en los Centros de Alojamiento Preventivo, los
ingresos ya programados para los meses de noviembre y diciembre,
el tiempo de permanencia mínima en dichos centros y las
solicitudes pendientes de autorización, muchos de esos pedidos
de ingreso demorarán varios meses más en ser satisfechos.

4°) Que los hechos denunciados que dieron lugar a la
promoción de este proceso, exigen de esta Corte el ejercicio del
control encomendado a la justicia sobre las actividades de los
otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las
medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de
estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 331:2925; 341:39, entre
otros).

Ello es así, toda vez que le corresponde al Poder
Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar
la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados,
como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar
justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a
su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida
del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar
derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos
pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146; 330:111 y 4134;
331:2925, entre otros).

5°) Que tal como este Tribunal lo señaló en la causa
FRE 2237/2020/CS1 “Maggi, Mariano c/ Corrientes, Provincia de s/
medida autosatisfactiva”, sentencia del 10 de septiembre de
2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado
jueves 9 de abril de 2020 emitió una Declaración titulada
“COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser
abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las
obligaciones internacionales”, a fin de instar a que la adopción
y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y
esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta
situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en
el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los
instrumentos interamericanos de protección de los derechos

humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de
ese Tribunal.

Entre las consideraciones particulares incluidas en
dicha declaración, cabe destacar, por su atinencia al caso y en
tanto esta Corte la comparte, que: “Todas aquellas medidas que
los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan
afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos
deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los
objetivos definidos conforme a criterios científicos,
razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes
con los demás requisitos desarrollados en el derecho
interamericano de los derechos humanos”.

6°) Que la Constitución Nacional reconoce a todos los
habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su
territorio, sin distinción alguna (artículos 8° y 14).

Por su parte, entre los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos, tanto la “Convención
Americana sobre los Derechos Humanos” (aprobada por la ley
23.054), como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos” (aprobado por la ley 23.313), ambos con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental),
también reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12,
respectivamente, el derecho de toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente
por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario para
proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto es que
las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos
reconocidos en esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22
citados).

7°) Que aun cuando es cierto que no hay derechos
absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para
recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de
emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben
examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos
individuales, a medida que estas se tornan más intensas y
prolongadas, para establecer no solo si está justificada la
validez en general de la medida, sino también su alcance.

8°) Que en el marco de las consideraciones
particulares incluidas en la declaración de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos recordada en el considerando
5°, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que, aunque el
acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son
puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las
leyes son susceptibles de reproche con base constitucional
cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que
arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o
cuando consagran una manifiesta iniquidad (Fallos: 310:2845;
311:394; 312:435, entre otros).

El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse
especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las
reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su
vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria
con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos:
316:3104; 328:566; 337:1464; 340:1480).

9°) Que pese a que no pueden desconocerse las
facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para
establecer en su territorio las medidas de prevención que
considere adecuadas en el contexto de la particular situación de
emergencia sanitaria de efectos mundiales que está
transcurriendo, dichas potestades deben ejercerse de modo
razonable y respetando siempre estándares constitucionales.
Sin perjuicio de reconocer los propósitos de
protección de la salud pública perseguidos por el “Programa de
Ingreso Ordenado y Administrado” instaurado por el Estado
provincial, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones
establecidas por las autoridades locales no superan el test de
razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución
Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo
tolerable, conforme surge del considerando 3° precedente. Sin
que obste a tal conclusión la alternativa señalada por la
provincia de ingresar asumiendo los costos económicos (estadía
en hotel, alimentación, hisopados, atención médica y consigna
policial)

10) Que, por otro lado, corresponde poner de resalto
que habiendo transcurrido varios meses desde la puesta en
práctica del referido “Programa de Ingreso Ordenado y
Administrado”, no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de
las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo
se extenderán las restricciones al derecho a transitar
libremente, derecho este especialmente reconocido en la
Constitución Nacional y en los citados instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos.

En tales condiciones, aun cuando pudiesen resultar
adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas
por las autoridades provinciales aparecen en su puesta en
práctica, prima facie, como limitaciones irrazonables a la
autonomía personal frente a la demora que se produce para
concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de
aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación
local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios.

Por lo demás, los planteos judiciales que se
efectuaron en otras instancias por parte de los afectados por
las restricciones en cuestión, y la cantidad de personas que
fueron autorizados a ingresar a Formosa por esa vía -denunciados
por el Estado provincial como una interferencia a las políticas
sanitarias desarrolladas-, solo demuestran la insuficiencia del
sistema instaurado para responder a la legítima demanda de
pedidos de autorización de ingresos.

11) Que esta Corte ha sostenido que los derechos
fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución
Nacional tienen igual jerarquía. La interpretación debe
armonizarlos, ya se trate de derechos individuales o de
atribuciones estatales (Fallos: 255:293; 272:231; 330:1989;
333:2306).

Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos
intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en
la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios
axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida
de protección que el legislador ha considerado digno de revestir
a uno y otro.

La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos
en las especiales circunstancias de la causa y en el conjunto
orgánico del ordenamiento jurídico (Fallos: 302:1284).

En síntesis, a la luz de todo lo hasta aquí
expresado, cabe puntualizar que la restricción de derechos en el
marco de la aplicación de medidas de la naturaleza de las
descriptas, no resulta prima facie razonable en su aspecto
temporal (por las excesivas esperas reseñadas en el considerando
3° precedente) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el
ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica.
Por ello, en su condición de custodio de las garantías
constitucionales, y sin perjuicio de lo que en definitiva se
decida en relación a la competencia de esta Corte para entender

en el caso por vía de su instancia originaria, el Tribunal
resuelve: Ordenar a la Provincia de Formosa que arbitre los
medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al
territorio provincial, con cumplimiento de las medidas
sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que
lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días
hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a
las pautas constitucionales referidas en los considerandos
anteriores. Notifíquese.

FIRMADO DIGITALMENTE POR

ROSENKRANTZ CARLOS FERNANDO

MAQUEDA JUAN CARLOS

ROSATTI HORACIO DANIEL

HIGHTON ELENA INÉS

LORENZETTI RICARDO LUIS

Parte actora: Dres. Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora, en defensa
de los derechos de los Sres. Manuel Jesús Brito, Carlos Argentino Soto,
Ricardo Agustín Acosta y Karen Elizabeth Alonso, entre otros.
Parte demandada: Provincia de Formosa, representada por sus apoderados, Dres.
Lorena Anabel Cappello, Carmen Edith Notario y Jonathan Emmanuel Lagraña, con
el patrocinio letrado de la señora Fiscal de Estado, Dra. Stella Maris Zabala.

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