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Jurisprudencia. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala “M”. Simulación vinculada a un juicio de alimentos.

ACUERDO.  En Buenos Aires, a los    23        días del mes de                        octubre del año dos mil dieciocho, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar y María Isabel Benavente, a fin de pronunciarse en los autos “G., A. M. y otros c/Y., E. V. y otros s/Simulación o fraude”, expediente n°18.132/2006, la Dra. De los Santos dijo:

                   I.- Que la Sra. Juez “a quo” dictó sentencia a           fs. 510/520 rechazando la nulidad por simulación planteada en autos, con costas. Para así decidir hizo lugar a la falta de legitimación activa de G. en cuanto accionó por derecho propio y rechazó dicha defensa respecto de la acción promovida en representación de V. E. A. Y..  El rechazo de la pretensión anulatoria se basó en que no se probó la “causa simulandi” y en que no existía “precio vil” ni era necesario acreditar la traslación de fondos invocada por la actora.

                    La parte actora apeló dicha sentencia a fs. 524, recurso concedido a fs. 525 y fundado con la expresión de agravios de fs. 478/586, que fue replicada por la parte demandada a fs. 596/599.

                   II.- Plataforma fáctica:

                            Que la actora, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, V., Y. y B. Y., solicitó se declare la nulidad por simulación de la escritura de compraventa por la cual su ex cónyuge y padre de los menores vendió a sus progenitores el inmueble sito en Av. Alvear 1879/81/83/85, unidad funcional 19 y sus unidades complementarias.  Sostuvo que el demandado fue generando su insolvencia para no abonar las diferencias impagas por alimentos devengados y los que se devengaren en el futuro a favor de los hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad, lo que acredita el interés que procura preservar a través de la declaración de simulación pretendida. Sostuvo que los adquirentes son jubilados de 81 y 76 años, que carecen de capacidad económica para adquirir el inmueble de autos, que el precio de la operación es muy inferior al de mercado y que el demandado vive en el inmueble transmitido. Afirmó así que el fin ilícito de la simulación se evidencia en la mora del obligado a prestar alimentos por el monto convenido en el juicio de divorcio.

                             El demandado en su responde a la demanda sostuvo que no existe sentencia que determine el incumplimiento invocado por la actora, pues la ejecución de alimentos conexa involucró la pesificación del crédito alimentario, sin que mediara resolución sobre la pretensión esgrimida por la actora por falta de impulso de dicha parte.  Afirmó haber abonado en exceso la cuota pactada al asumir espontáneamente gastos personales de todos sus hijos, el mayor y los menores. Por tal razón sostuvo que no existe “causa simulandi”.  Dijo también ser titular de bienes en la Provincia de La Rioja, por lo que no existe insolvencia y sostuvo que si quisiera eludir el pago de la cuota alimentaria no habría escogido como prestanombres a sus padres, que son deudores alimentarios subsidiarios.

                            La sentencia apelada rechazó la demanda con fundamento en la falta de legitimación de la actora para accionar por sí y, habiendo admitido que lo hiciera en representación de sus hijos menores, sustentó el rechazo de la pretensión anulatoria en que no se probó la “causa simulandi” y en que no existía “precio vil” ni era necesario acreditar la traslación de fondos, como sostenía la accionante.

                             Los agravios de la actora contra la sentencia desestimatoria pueden resumirse en que no se consideró que solventó los alimentos de los hijos durante su minoría de edad y en que tiene derecho de reembolso y legitimación activa para accionar por simulación en autos.  Afirmó también que la Sra. Juez de grado incurrió en un erróneo encuadre jurídico de la carga probatoria y que existen indicios suficientes que permiten presumir la insinceridad del acto, los que han sido incorrectamente analizados.  Alude así al precio vil, a la retención de la posesión por el demandado, el parentesco con los adquirentes, la solvencia no acreditada de éstos, la falta de prueba sobre el origen de los fondos y sobre la traslación efectiva de dinero, así como la concurrencia de causa simulandi, la que no exige una prueba categórica.

                             En su responde, la demandada esgrime su argumento central, sostenido en la contestación de demanda, para contestar los agravios de la actora: que la simulación invocada no tiene un fin ilícito, que la demandada no es titular de un crédito pues no existe una deuda real y que existen otros bienes en su patrimonio.               

                             III.- Ley aplicable:

                   Que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial, de conformidad con el criterio de consumo jurídico y el principio de irretroactividad de la nueva ley, la cuestión que es objeto de estos obrados debe juzgarse conforme la normativa vigente a la fecha en que nació y se consumó la relación jurídica que se discute. 

                    La noción de consumo, que subyace en el art. 7 CCCN, fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias (conf. Roubier, Paul, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps) 2º ed., Paris, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nº 42 pág. 198 y nº 68 pág. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, LA LEY 22/04/2015, 22/04/2015, 1 – LA LEY2015-B, 114, Cita Online: AR/DOC/1330/2015).  Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o el agotamiento deben analizarse según cada una de esas etapas, en concreto.

                    Conforme tales pautas la legitimación que es objeto de crítica debe ser analizada conforme la ley vigente a la fecha de promoverse la demanda, oportunidad en que la actora accionó por simulación.  En lo demás, la ineficacia de los actos jurídicos ha sido regulada en el CCyC de modo simplificado y más sistemático; pero ninguna de estas modificaciones implica dificultades de derecho temporal que puedan tener incidencia en la declaración de simulación pretendida, que debe ser resuelta conforme la ley anterior, a la luz de los principios antes expuestos (conf. CSJN, 4/7/2003, ED 205-382, citado por Kemelmajer de Carlucci, A., La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, 2015, p. 92), ni en cuanto a sus efectos, regidos por la nueva ley (arts. 334 y 390 del CCyC). 

                    IV.- Sobre la legitimación activa:

                     Que en el escrito de demanda la actora se presenta por sí y en representación de sus hijos menores, solicitando se declare simulada una venta por la que su ex cónyuge y progenitor de los menores transfirió un inmueble a sus padres. La magistrada de grado anterior declaró que la accionante carecía de legitimación para demandar por sí y  rechazó la falta de legitimación opuesta respecto de la acción ejercida en representación del hijo que llegó a la mayoría de edad luego de promovida la acción.  La actora cuestionó en sus agravios la resolución sobre el punto, afirmando que contradice lo decidido por esta Sala en el juicio conexo por “ejecución de alimentos”.

                      En el caso y si bien es cierto que el interés y la causa simulandi se vinculan con la titularidad del crédito por parte de la accionante, corresponde formular alguna distinción entre la legitimación de la actora para accionar por alimentos y para demandar por simulación. 

                      Con respecto a la titularidad del crédito por alimentos, conforme reiterada jurisprudencia, la madre está legitimada para la ejecución de la deuda por las cuotas de alimentos que se devengaron durante la minoridad de los hijos, subrogándose en su respectivo derecho de cobro, porque ante tal situación cabe presumir que ella, ante la falta de contribución del padre, anticipó lo necesario para atender las necesidades de los menores (cfr. Sumario N° 20703 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; Sala I, R.14527 en autos “B., P.C. c. M., E. N. s/ Ejecución de Alimentos”, 08/02/2011; Sumario N° 15380 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín N° 11/2003; Sala A, R.358848, en autos “M., C. E. c. W., M.A. s/ Ejecución de Alimentos” del 26/11/2002).

                   En efecto, si la cuota alimentaria se estableció en virtud de lo dispuesto por el art. 265 del Cód. Civil derogado, por la minoridad de los alimentados, ello importa que la madre sea la única legitimada para ejecutar la sentencia, como derivación del derecho propio que le asiste de reclamar a su coobligado la parte que la ley puso a su cargo y a la que, como consecuencia de su incumplimiento, debió hacer frente para satisfacerla íntegramente (conf. CNCiv., Sala G, 18/04/1986, R 21.800; ídem. 20/10/1986, R 24.225).  Se trata de un derecho de reembolso por las erogaciones que la madre hizo para atender los diversos rubros alimentarios por los meses en los que el alimentante no hizo el debido pago (conf. CNCiv. Sala F, 17/04/1991, R. 88.331; CNCiv., Sala M, “M. C. G. c. R. B. E. s/ alimentos”, del 15/08/2014, publicado en: DJ18/02/2015, 86; cita online: AR/JUR/49704/2014), que encuentra su fundamento en que, tratándose de solventar necesidades impostergables, se presume que cuando el obligado no cumple con esa prestación, los gastos que éste debe cubrir son afrontados por el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del alimentado (cfr. CNCiv., Sala K, 21/2/2008, “V.A.M. c. C.R.L.”, LL On line AR/JUR/453/2008). 

                    En ese orden de ideas, el hecho de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad no lo convierte en acreedor de los alimentos atrasados, sino que dicha acreencia queda en cabeza de su madre con quien aquél convivió mientras era menor (CNCiv., Sala K, “M., C. E. y otros c. V., H. J “, del 23/05/2005, cita Online: AR/JUR/8941/2005; ídem Cám. 1ª. de Apel. Civ. y Com., San Isidro, sala I, “S. A. M. c. A. G. J. s/ ejecución de sentencia”, del 12/11/2014, LLBA2015 (mayo), 464, RCCyC 2015 (julio), 131, cita online: AR/JUR/60740/2014).

                              Ahora bien, no se discute que todo acreedor perjudicado por el acto simulado tiene legitimación para deducir la acción de nulidad. Sin embargo, la legitimación para accionar por simulación corresponde a cualquiera que tenga interés en la declaración, tanto si se trata de un derecho subjetivo actual y aun eventual, como sucede cuando el acto impugnado entraña un peligro de hacer perder ese derecho o de no poder utilizar una facultad legal (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, “Contratos simulados y fraudulentos”, Rubinzal Culzoni Editores, 2001, p. 260 y sgtes.). Como sostiene Cámara, en materia de simulación el interés no mira al provecho que se espera obener del litigio, sino, por el contrario, a la necesidad en que se halla el actor de invocar la tutela judicial para restablecer la verdad, así como de obtener que la situación anormal y embarazosa desaparezca (conf. Cámara, Héctor, “Simulación en los actos jurídicos”, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 330).

                              En el caso, la acreedora de la pretensión de reembolso de alimentos impagos tiene interés suficiente para demandar por simulación, resultando irrelevante que el crédito sea anterior o posterior al acto impugnado, a diferencia de lo que sucede con la acción revocatoria, que sólo puede ser ejercida por acreedores de fecha anterior al negocio que se impugna.

                           La jurisprudencia, en general, exige que el tercero ajeno al acto simulado que deduce la acción sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo amenazado por el negocio simulado (conf. Zannoni, E., “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, Astrea, 2013, p. 383 y jurisprudencia allí citada) y que acredite la existencia del daño que la incertidumbre del estado de cosas provoca en el demandante (conf. CNCiv., Sala C, 24/12/68, ED 31-68; ED    31-81; ídem., sala A, 22/7/54, JA 1954-IV-93). 

                   Sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de exigir que el acto simulado provoque la insolvencia del demandado. Tal requerimiento sólo tendría algún asidero en materia de la acción revocatoria o pauliana (pues en tal supuesto el sustento de la acción es el fraude a los acreedores comunes o quirografarios de fecha anterior al acto de transferencia real viciado de fraude), mas no cuando el perjuicio deriva del negocio simulado mismo, que viste con apariencia de real un acto aparente.

                           En efecto, uno de los principios generales del Derecho, que proviene incluso del Derecho Romano, es que “el interés es la medida de la acción”. Dicho principio se encontraba expresado en el art. 957 del Cód. Civil derogado, aplicable al caso, pues establecía que “la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito”.  Como consecuencia de ello, es improcedente la acción de simulación que no lleva la finalidad de reparar un perjuicio cierto, real o un derecho conculcado (conf. Zannoni, en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias. Comentado. Anotado y concordado”, ed. Astrea, Bs. As., 1982, T. 4, p. 404 y fallo citado en nota nro. 2).

                             En el caso, la acreedora del reembolso de un crédito -aun eventual- por diferencias de alimentos generadas por la pesificación de las obligaciones entre particulares pactadas en dólares o que tenían como pauta de ajuste el valor del dólar, ostenta interés y, por consiguiente, legitimación suficiente para pretender la declaración de nulidad por simulación de la venta del inmueble que es objeto de autos.

                     Por lo expuesto, propongo con mi voto revocar lo decidido respecto de la falta de legitimación de la actora para accionar por sí pidiendo la declaración de nulidad por simulación.

                  V.- Agravios relativos a la apreciación de la prueba:

                   La actora impugna la sentencia con fundamento en que se ha realizado un erróneo encuadre jurídico de la carga probatoria y que existen indicios suficientes que permiten presumir la insinceridad del acto, los que han sido incorrectamente analizados.  Alude así al precio vil, a la retención de la posesión por el demandado, al parentesco con los adquirentes, la solvencia no acreditada de éstos, la falta de prueba sobre el origen de los fondos y sobre la traslación efectiva de éstos, así como la concurrencia de causa simulandi, aunque destaca que dicho extremo no exige una prueba categórica.

                    Cuando, como ocurre en el “sub lite“, la simulación es invocada por terceros la prueba no sufre restricciones. Tratándose de un supuesto de prueba difícil, toda probanza es admisible para acreditar la falsedad del contrato, asumiendo al respecto las presunciones una importancia singular (conf. Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil Argentino-Parte General“, t. II, p. 341; Llambías, Jorge J., ob. cit., t. II, p. 515; Mosset-Iturraspe, Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, t. I, P. 262; CNCiv., Sala I expte. 97.136/90, del 13-7-98). No obstante ello, es de advertir que esas pruebas deben tener la entidad suficiente para provocar la convicción judicial sobre la existencia de la simulación (conf. Borda, Guillermo A., ob. cit.. t. II, p. 320. Llambías, Jorge J., ob. cit., t. II, p. 538; Ferrara, F. “La simulación en los negocios jurídicos“, p. 351; Cámara, H. “La simulación de los actos jurídicos” cit., p. 240; CNCiv., Sala D, ED 72-627).

                   A su vez, se ha entendido que si bien rige en plenitud el principio de la carga probatoria establecido en el artículo 377 del Código Procesal, ello no obsta a imponer también a los demandados el deber moral de aportar los elementos conducentes a demostrar su inocencia y los hechos por ellos invocados, tratando de convencer de la honestidad y seriedad del acto, colaborando con el esclarecimiento de la verdad, sin que ello signifique exonerar de aquella carga a quien corresponda (conf. Yáñez Álvarez, César D., “Prueba por terceros en la simulación de actos jurídicos”, en J.A. 8-1970, 503; Acuña Anzorena, Arturo, “La carga de la prueba en materia de simulación”, LA LEY, 73-514; esta Sala, expte. 97.136/90 del 13-7-98 y “S.V., A.M. y otros c. Sucesión de H.Z. de S.A. y otros, del 12/3/2008, LL 2008-C, 285, con nota de M. Gagliardo (h).

                    Cabe recordar que la distribución de la carga probatoria que establece el art. 377 CPCC no es -en materia de simulación- de aplicación absoluta, pues si bien quien demanda debe acreditar la inexistencia del negocio no debe ser obligado a rendir una prueba negativa, algo que razonablemente no es dable comprobar, eludiendo de producirla el demandado sobre hechos de los que él solamente tiene constancia y que está en sus manos atestiguarlas. Si el acto es real resulta sencillo a quienes aparecen realizándolo, demostrar en forma decisiva su veracidad (conf. De los Santos, M., “Algo más acerca de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas…”, JA 1993-IV-866, con cita de CNCiv., sala F, noviembre 28-991 “Antico, Luis v. Tejero, Juan y otros”, DJ 7−7−92, p. 1202).

                       En efecto, en estos casos de dificultad probatoria corresponde acudir a la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que propone un desplazamiento del “onus probandi” en forma excepcional y según fueran las circunstancias del caso, en cuyo mérito la carga debe recaer en cabeza de quien esté en mejores condiciones para producirla, mas allá del emplazamiento como actor o demandado, según se trate de hechos constitutivos, impeditivos o extintivos (conf. Peyrano, Jorge W. “Nuevos lineamientos de las cargas probatorias dinámicas” E.D. 153-967 y “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas” LL, 1991-B, 1034; CSJN, Fallos, 296:646; CNCiv., Sala “I”, expte. 14.407/1992 del 16-XI-04 y v. De los Santos, Mabel, “Las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial”, LA LEY 21/12/2016, 21/12/2016, 1, Cita Online:AR/DOC/3752/2016).

                    En el caso he de coincidir con la apelante en el sentido que varios hechos admitidos y probados constituyen indicios clásicos en materia de simulación, que por su número, precisión, gravedad y concordancia permiten presumir los hechos controvertidos, en los términos del art. 163 inc. 5º, segundo párrafo, CPCC, en el marco del conjunto probatorio valorado de conformidad con las reglas de la sana crítica (v. art. 386 CPCC)

                     En efecto, la relación de parentesco entre los adquirentes y el vendedor, que resulta de autos, constituye uno de los indicios típicos.  La “affectio”, la relación parental, constituye un indicio admitido desde antiguo y reconocido por la doctrina y jurisprudencia nacionales (conf. Mosset Iturraspe, op. cit., T. I, pág. 323 y jurisprudencia allí citada). 

                      Se suma a ello la falta de tradición del inmueble vendido (“Retentio possessionis”) pues de las constancias de autos y los expedientes conexos resulta que E. V. Y. sigue viviendo en el inmueble de la Av. Alvear y que sus padres lo hacen en Córdoba, sin que se hayan acompañado contratos relativos al alquiler del inmueble que acrediten que han ejercido sus derechos como titulares del bien.  Asimismo, interesa destacar que del informe de fs. 242 resulta que E. V. Y. siguió pagando las expensas hasta el año 2009 pese a haber vendido el inmueble a sus padres el 30 de enero de 2002. 

                      La actora acreditó con los resúmenes de cuenta de fs. 257/258 que los adquirentes carecían de reservas para comprar el bien, lo que adquiere relevancia ante la falta de ofrecimiento de prueba por parte de los demandados que justifique el modo como se hizo el pago, la transferencia o retiro de dinero de alguna cuenta de los compradores que desvirtúe lo que resulta de los elementos obrantes, que dan cuenta de la insuficiencia de medios económicos para adquirir el inmueble de autos. Como es sabido, la “subfortuna” sumada al silencio de los accionados respecto de la procedencia del dinero con el que se pagó el precio al contado, constituye un indicio claro, que confirma las conclusiones que resultan de los indicios antes analizados. 

                   La Sra. Juez “a quo” yerra en su análisis cuando sostiene que la notaria interviniente en la operación, al hacer constar las identidades de los comparecientes, dando fe de conocimiento, extendió su función fedataria al pago del precio, de lo que pareciera derivar que tiene por acreditado el efectivo pago del precio de compra. No se controvierte que el escribano debe dar fe de la existencia material de los actos cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia (art. 993 CC y art. 312 CCyC) y que, a la fecha de la compraventa impugnada, también debía dar fe de conocimiento de las partes (art. 1001 CC). Sin embargo, la plena fe relativa a las declaraciones sobre convenciones, disposiciones y pagos puede ser destruida por simple prueba en contrario producida en el proceso en que se pretende hacer valer el instrumento, no siendo necesaria la redargución de falsedad, como lo consagra expresamente el art. 296 inc. b) del CCyC.

                       En el caso, lo relevante es que la prueba de autos se dirige a atacar el negocio aparente y en el marco de tal apariencia se inscribe también el pago efectuado por los padres a su hijo ante la escribana interviniente. Por consiguiente, la alusión realizada en la escritura de compraventa no constituye en modo alguno la prueba exigible de la efectiva traslación de fondos, que podría haberse probado con la constancia de transferencia de una cuenta a otra o del retiro de fondos de alguna cuenta bancaria o la percepción de algún pago que pudiera aplicarse a la compra con antelación a realizar la escritura.

                      La cuestión adquiere relevancia en el marco del especial contexto que planteó el llamado “corralito financiero” dispuesto en diciembre de 2001, que implicó una restricción a la libre disposición de dinero y la posterior declaración de la emergencia económica por la ley 25.561 que dispuso la reforma del régimen cambiario, circunstancia que ha sido invocada en autos y se encuentra exenta de prueba por tratarse de un hecho notorio.   En dicho contexto es muy difícil explicar el pago realizado en efectivo en el acto de la escritura, lo que da pábulo a las conclusiones que emanan de los indicios antes considerados.

                       Por lo expuesto, asiste razón a la apelante cuando cuestiona la apodíctica afirmación realizada en la sentencia recurrida, en el sentido que la entrega de dinero en efectivo debía tenerse por probada con lo consignado en la escritura y hacía innecesario probar la efectiva traslación de fondos.

                       En cuanto a la alegación de precio vil, la venta se realizó por la suma de $100.000 cuando el perito arquitecto que dictaminó a fs. 249/253 estableció que el valor del inmueble de autos era de u$s250.000 en diciembre de 2001 y se redujo a u$s170.000 en el año 2002.  Toda vez que el valor de venta del inmueble resulta ser de la quinta parte del valor estimado por el perito, teniendo en cuenta que el dólar al 30/1/2002, fecha de la escritura, pasó de la paridad con el peso que se mantuvo hasta el 6 de enero de 2002, a triplicarlo a partir de la pesificación dispuesta en esa fecha, considero que también el referido indicio abona la presunción de insinceridad del acto, como sostiene la apelante.

                    Finalmente, en cuanto a la “causa simulandi”, que es la razón o motivo que explica la simulación, su determinación tiene especial importancia porque esclarece y explica la conducta de las partes.  Sin embargo, señala la doctrina que es necesario no exagerar su relevancia jurídica y erigirlo en requisito cuya prueba se considere inexcusable. Muchas veces los móviles de la simulación son inciertos, imprecisos, ambiguos, de contornos indefinidos.  No debe ni puede exigirse al accionante una prueba de ellos, pues es muy difícil penetrar en la intimidad del pensamiento humano, en especial cuando las partes han tratado de ocultarlo.  Basta que la simulación tenga o pueda tener un motivo razonable, que la pretendida ficción no sea ilógica y carente de todo posible sustento, para que el juez deba abocarse al estudio de las pruebas. En síntesis, la prueba de la causa simulandi no es indispensable, si bien es muy útil para demostrar que existe simulación. Y si no se la acredita ni aparece como razonable, el criterio para la apreciación de la prueba debe ser más riguroso (conf. Borda, G.A., Tratado de Derecho Civil, Parte General, Ed. Perrot, 1980, T. II, p. 368/369 y jurisprudencia de esta Cámara allí citada y v. CNCiv., sala A, ED 67-430; Sala E, ED 31-94; esta Sala, “SV, A.M. y otros c. Sucesión de H.Z. de S.V. y otros”, 12/3/2018, LL 2008-C).

                      En el caso, en septiembre de 1998 los ex cónyuges E. Y. y A. G. solicitaron su divorcio por presentación conjunta, invocando la causal objetiva de separación de hecho durante el lapso de tres años (art. 214 inc. 2 CC). En dicha presentación pactaron una cuota alimentaria para los tres hijos del matrimonio que debía abonarse parcialmente en dólares y parcialmente en pesos, estableciéndose pautas de ajuste para el pago de ambas, aplicables en caso de imposibilidad de obtener dólares o de mediar una devaluación del peso superior al 20%, que tomaban como referencia el valor de los dólares estadounidenses en el mercado libre de Buenos Aires y, si no fuera posible, en la plaza de Montevideo, República Oriental del Uruguay (v. fs. 25/vta. del expte. 92479/98 “Y., E. V. c. G., A. M. s/ divorcio”). 

                       De fs. 70 del juicio de divorcio conexo resulta que, desde enero de 2002 en que se dispuso la emergencia pública y la reforma cambiaria, los ex cónyuges G. y Y. no pudieron ponerse de acuerdo respecto del pago de los alimentos y que desde que se dispuso la pesificación de las obligaciones en dólares, el alimentante procedió a depositar la cuota alimentaria pactada en su valor nominal y en pesos.  El 30 de mayo de 2003 G. denunció tal circunstancia y solicitó se intime a Y. a dar estricto cumplimiento a lo pactado, sin que hasta la fecha pudieran llegar a un acuerdo ni se resolvieran las diferencias planteadas.

                  Toda vez que, de modo concomitante con el surgimiento del conflicto entre los ex cónyuges, el alimentante vendió el inmueble de la Avda. Alvear a sus padres, he de coincidir con la apelante en que tal circunstancia configura la causa de la simulación, con el objeto aparente de sustraer dicho inmueble a la acción de la aquí actora.  El tiempo o momento de celebración del acto jurídico impugnado constituye un indicio frecuente de simulación de insolvencia (conf. Mosset Iturraspe, op. cit., T. I, p. 337).

                    No es óbice a estas conclusiones que el coaccionado sea cotitular de bienes en la provincia de La Rioja, pues el acto pudo tener por finalidad sustraer exclusivamente ese bien a la acción de la acreedora, persiguiendo desalentar la ejecución por hallarse los restantes bienes en condominio y en la provincia mencionada.  Tampoco lo es que la transferencia se haya realizado a nombre de obligados subsidiarios, lo que puede responder a un error jurídico o a la inexistencia de otras personas de confianza.  Como afirma Muñoz Sabaté, cuando se trata de analizar y fijar la causa simulandi no bastan las meras consideraciones jurídicas, desde luego necesarias para comprender la economía de la desviación, sino que además debemos atender muy profundamente a los contenidos psicológicos y sociológicos del actor (conf. Muñoz Sabaté, Lluis, “Tratado de probática judicial” T.I, “La prueba del hecho psíquico”, Bosch editor, Barcelona, 1992, p. 366).

                   En virtud de las consideraciones que preceden, propongo al Acuerdo revocar también la sentencia en cuanto rechaza la pretensión anulatoria, hacer lugar a la demanda y declarar simulada la venta realizada por escritura nº 30 del 30 de enero de 2002 por la cual E. V. Y. transmitió a sus padres, E. Y. y E. B., el inmueble sito en Av. Alvear 1879/83/85, unidad funcional 19 y complementarias VII, LV y XL de esta ciudad.

                    En cuanto a las costas, atento el modo como se resuelve y el principio general que consagra el art. 68 CPCC, las costas de ambas instancias deben ser impuestas a los demandados vencidos (art. 279 CPCC). 

                    Las Dras. Elisa M. Diaz de Vivar y María Isabel Benavente adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar, María Isabel Benavente. Ante mí, Santiago Pedro Iribarne (Secretario).  Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

                         SANTIAGO PEDRO IRIBARNE

///nos Aires, octubre                     de 2018.

Y Visto:

               Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Revocar la sentenciarecurrida de fs.510/520, hacer lugar a la demanda y declarar simulada la venta realizada por escritura nº 30 del 30 de enero de 2002 por la cual E. V. Y. transmitió a sus padres, E. Y. y E. B. el inmueble sito en Av. Alvear 1879/83/85, unidad funcional 19 y complementarias VII, LV y XL de esta ciudad. 2) Imponer las costas de ambas instancias a los accionados vencidos. 3)  I.En atención a la forma en que se resuelve que modifica la base regulatoria, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art.279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.

                    II. El 4 de septiembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la aplicación temporal de la ley 27.423, in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, de modo coincidente con lo decidido por la mayoría del Tribunal (cf. esta Sala in re “Grosso, C. c/ Greco, M.” del 30 de mayo de 2.018). Según esa perspectiva, el nuevo régimen legal no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución.

                   Por eso, teniendo en cuenta el tiempo en que fueron realizados los trabajos que dan lugar a las regulaciones de honorarios recurridas en autos, como así también las etapas procesales comprendidas, no resultan de aplicación las pautas establecidas en la ley 27.423.-

                    III.- En juicios como el presente, donde no existe un “monto del proceso” en el sentido estricto de la palabra, esta Cámara sostuvo, en un caso análogo al presente que “en los juicios de simulación, a fin de arribar a una justa fijación de la base regulatoria, debe desentrañarse el interés económico en juego; es decir, la entidad de lo que se pretendió proteger con las acciones entabladas (conf. CNCiv., Sala E, octubre 13-1987; “Raiter de Roitman, Reina J. c Raiter, Mario y otros”), lo cierto es que dicho valor en el caso no esta determinado, motivo por el cual se tomará el valor del bien en litigio, haciendo jugar el porcentual en función de las labores realizadas.

                   En función de lo expuesto, por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica y moral del litigio, el  monto del proceso y las pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.

        En consecuencia, fíjanse los honorarios del Dr. P. W., en su carácter de letrado apoderado de la parte actora en las tres etapas, la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.650.000); a la letrada apoderada por los co-demandados E. Y. y E. B., Dra. P. C. L., por su labor  en las dos primeras etapas, la suma PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL            ($685.000) y al letrado patrocinante por el co-demandado E. V. Y., Dr. A. A. G., por su labor en la etapa postulatoria y probatoria, toda vez que no alegó, la suma de PESOS  QUINIENTOS VEINTICINCO MIL  ($525.000).    

          IV.- En el caso del perito interviniente se ponderará la naturaleza del peritaje, apreciado por su calidad, importancia, complejidad, extensión y mérito técnico-científico del mismo, monto económico comprometido, proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos en relación a los de los letrados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del CPCCN).  

        Por lo tanto, se fijan los honorarios del  perito arquitecto, E. C.  por su experticia de fs. 249/253, la suma de de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000).

                  V.-Ponderando las constancias de autos, naturaleza del asunto, monto económico comprometido y pautas legales del art.2, inciso g) del Anexo I del Decreto Reglamentario 2536/2015, regulase los honorarios de la Dra. G. M. S. la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO   MIL ($48.000).                                          

V.Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia y que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, se regula al Dr. P. W., la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($575.000) y al Dr. C.L., la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000; conf. art.14, ley de Arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

                   MABEL  DE LOS SANTOS

ELISA M. DIAZ de VIVAR             MARIA ISABEL BENAVENTE            

                           SANTIAGO PEDRO IRIBARNE

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