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Primer fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoce la igualdad de los padres en la formación del nombre de las personas humanas.

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En el artículo “Discriminación injusta en razón del sexo. Inconstitucionalidad de la preeminencia del apellido paterno.”, que publicamos el 12 de febrero de 2015, nos referimos a las sentencias del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 56, Dr. Miguel R. GÜIRALDES y de la  Sala “E” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por los Dres. Mario Pedro CALATAYUD, Juan Carlos Guillermo DUPUIS y Fernando Martín RACIMO en el expediente  “DE LA PUENTE VANESA G. Y OTRO c/ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACID Y OTRO s/AMPARO”. El 6 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el mismo caso. A continuación se transcribe la sentencia.

 Buenos Aires, 6 de agosto de 2015.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa D. l. P., V. G. y otro c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ amparo”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1°) Que los cónyuges V. G. de l. P. Y M. G. C. dedujeron acción de amparo a fin de que se 16s autorizara a inscribir a su futuro hijo matrimonial con el apellido de la madre seguido del correspondiente al del padre por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad de los arts. 4° y 5° de la ley 18.248, modificada por la ley 26.618, por cuanto entendían que lesionaban el derecho a la igualdad ante la ley entre integrantes del matrimonio y colisionaban con el principio de la no discriminación en razón del sexo, además de requerir una medida cautelar anticipatoria para poder inscribir a su hijo en la forma pretendida (fs. 9/22 del expediente n° 34.570/2012).

Frente a la dilación del proceso, sin existir pronunciamiento sobre la referida medida, y ante el nacimiento del infante -ocurrido el 22 de junio de 2012-, los actores manifestaron que el niño fue inscripto de conformidad con la citada ley 18.248, esto es, con el apellido del padre seguido del de la madre, sin perjuicio de continuar con el pleito a fin de obtener una oportuna rectificación de la partida de nacimiento.

2 ) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión de primera instancia que había rechazado la demanda, y con sustento en los arts. 16 de la Constitución Nacional y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Muj er, declaró la inconstitucionalidad del arto 4 de la ley 18.248, en cuanto disponía -en lo que al caso interesa- que los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarían el primer apellido del padre y que a pedido de los progenitores podría inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre (fs. 228/235 del citado expte.).

En tales condiciones, la cámara admitió la demanda, dispuso que se inscribiera al menor con el apellido materno y después el paterno a continuación del nombre, llamándose r. d. l. P. C., Y que se rectificara la partida pertinente en razón de que ya se encontraba inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a cuyo efecto ordenó librar los oficios correspondientes en la instancia de grado.

3 ) Que contra dicho pronunciamiento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

Atento a que la cuestión planteada comprometía los intereses del menor, el Tribunal solicitó las actuaciones principales y dio vista a la señora Defensora General quien dictaminó a fs. 44/50 de la queja.

4.) Que según conocida jurisprudencia del Tribunal sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013 (49- V)/CS1 “V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y otros s/ amparo”, sentencia del 27 de mayo de 2014, entre otros) .

5) Que en ese razonamiento, corresponde señalar que encontrándose la causa a estudio del Tribunal, ello de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994~ norma esta última que derogó, entre muchas otras, la ley citada 18.248, cuya legalidad y validez constitucional defiende el recurrente mediante su remedio federal y en la que sostiene su oposición a la inscripción del niño en el sentido pretendido por los actores (conf. decreto 1795/2014; arts. 10 de la ley 27.077, y 10 Y 30, inciso a, de la ley 26.994; fs. 241/249 del expediente principal).

6) Que en tales condiciones, deviene inoficioso en el sub lite que esta Corte se pronuncie sobre los agravios vinculados con la constitucionalidad de la mencionada ley 18.248, cuya vigencia ha fenecido por imperativo legal, pues no se advierte interés económico o jurídico actual que justifique un pronunciamiento sobre el punto al haber desaparecido uno de los requisi tos que condicionan la jurisdicción del Tribunal (conf. Fallos: 318:2438; 327:4905 y 329:4717).

7) Que ello es así, pues la mencionada circunstancia sobreviniente ha tornado carente de significación actual el debate suscitado en el caso por estar referido a la validez de un precepto que al momento no se encuentra vigente y cuyo contenido material ha sido redefinido -a partir de los nuevos paradigmas del derecho- por el novísimo Código Civil y Comercial de la Nación en su arto 64, en sentido similar al propuesto por los actores y al criterio adoptado en la sentencia apelada, norma que guarda consonancia con el régimen constitucional y convencional de los derechos humanos (arts. 10 y 2 0 del Código Civil y Comercial de la Nación). De ahí que también se conforme con el ordenamiento civil actual de .nuestro país al que, en definitiva, debe sujetar su conducta el recurrente.

8) Que sin perj uicio de ello, a la luz de la doctrina mencionada anteriormente, según la cual corresponde atender a las nuevas normas que sobre la materia objeto de la litis se dicten durante el juicio, no puede desconocerse que la pretensión de los demandantes se encuentra hoy zanjada por las dis~ posiciones del citado arto 64 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma de la que, en virtud de la regla general establecida en el arto 7 0 del mencionado código y de la citada doctrina, no puede prescindirse (conf. argo Fallos: 327:1139).

9) Que dicha norma dispone que “El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos…” .

10) Que dada la particular situación que se presentó en autos, no’ cabe pensar que la inscripción del menor ante el registro pertinente según las pautas establecidas por la norma hoy derogada, configure una situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen que, por el principio de la irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas disposiciones. Las constancias de autos dan cuenta de que dicha inscripción obedeció a motivos de orden público, fuerza mayor y ajenos a la voluntad de los demandantes que siempre mantuvieron vigente su pretensión con el alcance receptado en el citado código (conf. fs. 32, 38/39, 43, 54/63 y 79/80, 182/196 del expte. principal).

11) Que a la luz de lo señalado y a fin de evitar que puedan suscitarse ulteriores inconvenientes que dilaten el conflicto más allá de lo razonable y que repercutan en desmedro de los derechos del menor, en particular de su derecho a la identidad, corresponde a la Corte Suprema, en su carácter dé órgano supremo y en ejercicio de las facultades que le otorga el arto 16 de la ley 48, disponer que el recurrente proceda a rectificar la actual inscripción del niño en el sentido pretendido por los actores, pedido que encuentra respaldo en el arto 64 del citado Código Civil y Comercial de la Nación.

Por ello, el Tribunal resuelve: Declarar inoficioso un pronunciamiento en el caso sobre la constitucionalidad de la derogada ley 18.248, y disponer, con el alcance señalado en el considerando 11, la rectificación de la inscripción del menor. Costas por su orden atento al modo en que se resuelve (art. 68, 2° parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. Fdo: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Recurso de hecho interpuesto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Dr. Fernando José Conti, con el patrocinio del Dr. Jorge Alberto Sigal.

Tribunal de origen: Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 56.

 

 

2 Comments

  1. Respetables profesionales y colegas: quiero manifestarles mi admiración, por el trabajo académico que realizan, es una pena que aquí en Guatemala, no tengamos la calidad que ustedes demuestran. Sigan adelante, que voy a seguir leyendo sus interesantes reportes. Saludos.

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